La reciente aprobación de la Ley del Infonavit, ocurrida el 13 de diciembre, desató un intenso debate público sobre las implicaciones de las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los principales objetivos de esta iniciativa se planteó la construcción de un millón de viviendas mediante el Infonavit y la creación de esquemas de arrendamiento para los trabajadores.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos ha sido el aumento del control gubernamental en las decisiones del organismo. La reforma propone que el Gobierno Federal designe directamente al director general del Infonavit y elimina las direcciones sectoriales de los trabajadores y del sector patronal, lo que ha generado críticas por alterar el modelo tripartita que históricamente ha guiado la administración del instituto.
Con 68 votos a favor y 29 en contra, el pleno del Senado aprobó la iniciativa, a pesar de las advertencias de legisladores de la oposición y organizaciones sindicales. Estas voces críticas señalaron que los cambios propuestos podrían poner en riesgo más de 2 billones de pesos correspondientes a los ahorros de los trabajadores. Según los detractores, la reforma abre la posibilidad de que el Gobierno disponga de los rendimientos de las subcuentas del fondo y determine el destino de estos recursos.
Ante las preocupaciones, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que el dictamen será objeto de una revisión más profunda. Según explicó, la iniciativa será debatida nuevamente en el próximo periodo ordinario de sesiones, en 2025, con el fin de garantizar un análisis más detallado y reflexivo.
Mientras tanto, el tema continúa generando divisiones, con posturas enfrentadas sobre el impacto que estas reformas podrían tener en la autonomía del Infonavit y la seguridad financiera de los trabajadores mexicanos.
