El caso en el que los dos agentes de la AMIC admitieron que dispararon por error contra un civil, quien resultó ser abogado, debió resolverse en 24 horas
Ivanova de los Reyes
En un plazo no mayor a 24 horas debió resolverse el caso de los dos elementos de la AMIC que dispararon contra un civil el pasado fin de semana, tras integrarse la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia y emitirse una orden de aprehensión, señaló Rafael Acuña Griego.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), manifestó que la investigación de cualquier delito corresponde a la Fiscalía.
“La Fiscalía realiza la investigación, luego de integrada con pruebas, le solicita al juez que libere una orden de aprehensión, y es hasta ese momento cuando el juez determina si la concede o no”, apuntó.
Acuña Griego subrayó que el proceso judicial debió resolverse en un tiempo máximo de 24 horas, y hasta el momento, aseguró no tener conocimiento de algún procedimiento que haya excedido ese plazo.
En el caso específico de los dos agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dijo no conocer los tiempos en que se llevó a cabo este procedimiento e incluso, desconoce si existe o no orden de aprehensión en su contra.
En otro tema, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), resaltó que este año se ha registrado un incremento en los delitos cometidos por menores de edad y adolescentes en la entidad.
Mencionó que entre los delitos más comunes por los que son juzgados están: el robo, homicidio, violación, y secuestro.
“Desafortunadamente las condiciones en la que está viviendo nuestra sociedad, hacen propicio que menores se vayan por mal camino, por el camino de la delincuencia. Y algunos son contados incluso por algunas organizaciones criminales en el país, si tenemos algunos casos”, dijo.
Respecto, al caso de los jóvenes Irving Gael y Jonathan Asaeñ, de 16 años, procesados por secuestro agravado y asociación delictuosa, declaró que la ley determina que, tras cumplirse cinco meses de prisión preventiva sin una resolución del caso, deben ser puestos en libertad, y continuar su proceso en libertad, bajo medidas cautelares.