Una profunda inquietud han manifestado las agrupaciones que brindan apoyo a las víctimas y sobrevivientes de la tragedia ocurrida el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras conocerse que Francisco Garduño asumirá la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron que el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) sea incorporado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) pese a los procesos legales que aún enfrenta por el incendio en el que fallecieron decenas de migrantes.
A través de un pronunciamiento conjunto, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y la Fundación para la Justicia recalcaron que el exfuncionario “continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”. Para estas instituciones, otorgarle un nuevo cargo de alto nivel “envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”, sugiriendo que la designación prioriza la lealtad política sobre el esclarecimiento de los hechos violentos del pasado.
La controversia escaló al señalarse que el perfil de Garduño no coincide con las necesidades del sector educativo nacional, pues las agrupaciones consideran que “resulta especialmente grave que dicha designación no esté respaldada por una trayectoria o experiencia acreditable en el ámbito educativo”. Esta carencia técnica, aseguraron, refuerza la sospecha de que el nombramiento “responde más a una lógica de protección política que a criterios de idoneidad y profesionalismo, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones públicas”.
Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, defendió la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum al describir al nuevo director como “un funcionario ejemplar”. Sin embargo, las víctimas y sus allegados reciben esta noticia “con indignación”, pues consideran que “esta decisión puede interpretarse como un premio inmerecido que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional frente a una tragedia que costó vidas”. Las organizaciones concluyeron que los cargos públicos no deben ser utilizados como una vía para evadir las responsabilidades legales pendientes con la justicia.