Con 410 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados avaló una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y sustancias tóxicas como el fentanilo.
La modificación a los artículos 4 y 5 de la Constitución busca garantizar el derecho a la salud, elevando el uso de estos dispositivos y sustancias a la categoría de delitos que vulneran las garantías individuales de los mexicanos. “Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, quedará prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley”, detalla el texto aprobado.
Asimismo, la reforma incluye la prohibición de “la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.
Ante este avance legislativo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) expresó su inconformidad, argumentando que equiparar los vapeadores con el fentanilo es una medida “desmedida”. En su posicionamiento, señalaron que la prohibición podría fomentar el comercio ilícito, la evasión fiscal y financiar a cárteles de la delincuencia organizada.
“Todo lo que se prohíbe irracionalmente termina fortaleciendo el mercado negro. Es necesario regular y vigilar su procedencia, garantizar que no se vendan a menores y combatir al comercio ilegal, no prohibir”, sostuvo la ANPEC en un comunicado.
La propuesta tiene antecedentes en un decreto firmado en 2022 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador que ya había prohibido la venta de vapeadores. Sin embargo, esta medida fue impugnada por ciudadanos y empresas mediante amparos que permitieron seguir vendiendo y adquiriendo los productos.
Durante el debate en comisiones, algunos legisladores de oposición advirtieron que la prohibición podría abrir paso a un mercado negro que beneficiaría al crimen organizado, alertando sobre las consecuencias de una regulación insuficiente.
La reforma establece que el Congreso de la Unión contará con 180 días para armonizar las leyes secundarias relacionadas, como la Ley General de Salud. Además, las legislaturas estatales tendrán un plazo de 365 días para ajustar sus normativas locales.
Con esta medida, el gobierno busca combatir el impacto negativo de estas sustancias y dispositivos en la salud pública, aunque persisten críticas sobre los posibles efectos colaterales de su implementación.
