Un fallo judicial emitido en Miami ha determinado que Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, deben resarcir al gobierno mexicano con una suma de 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, como resultado de un complejo esquema de desvío de fondos públicos operado durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que la red de corrupción empleó recursos del erario no sólo para beneficio personal, sino también para fines políticos. “Es un reconocimiento de que, en efecto, había un modus operandi con funcionarios de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto con la finalidad de utilizar recursos públicos para beneficio privado”, subrayó.
Advirtió que aún se esperan nuevas resoluciones judiciales en Estados Unidos contra empresas que firmaron contratos millonarios en dólares, para luego transferir los recursos a paraísos fiscales como Barbados e Israel. Parte del dinero fue canalizado a través de bancos nacionales antes de salir del país, según informó Gómez. En total, se han identificado 15 compañías involucradas en operaciones de lavado por alrededor de 100 millones de dólares.
Entre las firmas señaladas destacan Nunvav Inc, Nunvav Technologies Inc y Nice Systems Ltd, que, pese a ya no existir, recibieron más de 625 millones de dólares y casi 94 millones de pesos por 30 contratos celebrados entre 2009 y 2018 con dependencias como la Policía Federal, el Cisen y el sistema penitenciario federal. Otra empresa, Glac, relacionada directamente con el exsecretario de Seguridad Pública, obtuvo un contrato por más de 26 millones de pesos con la Procuraduría capitalina.
El esquema incluyó además compañías que actuaban como intermediarias para ocultar el rastro de los fondos desviados, dificultando su rastreo. A pesar de ello, las investigaciones han permitido identificar el destino de parte del capital y asegurar bienes a nombre del exfuncionario y su esposa.
La jueza Lisa Walsh, encargada del caso en Florida, resolvió que ambos debían pagar el triple del monto reclamado originalmente en procesos iniciados en 2021. También se ordenó la entrega al gobierno mexicano de propiedades con un valor de 12.5 millones de dólares, de las cuales una aún está pendiente de venta.
Pablo Gómez lamentó que, mientras en Estados Unidos se dictan sentencias ejemplares, en México un tribunal concedió a la esposa de García Luna un amparo que le permite seguir utilizando el sistema financiero sin restricciones. No obstante, aseguró que esta situación se resolverá en breve.
La presidenta Sheinbaum reconoció el trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la formulación de la denuncia ante tribunales estadounidenses, destacando que el proceso comenzó durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente, Gómez instó a no dejar pasar la oportunidad de investigar a fondo la mecánica de este tipo de delitos, cometidos por lo que calificó como “delincuentes de cuello blanco” operando bajo la protección de gobiernos que se aliaron políticamente.
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