La detención de Anuar González Hemadi, exjuez federal conocido por su polémica actuación en el caso de “Los Porkys”, ha revivido el debate sobre la corrupción judicial y el crimen organizado en México. A pesar de haber sido destituido en 2019 por irregularidades y corrupción, ahora enfrenta acusaciones por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustible, conocida como huachicol fiscal, a través de su rol como apoderado legal de la empresa Mefra Fletes.
González Hemadi saltó a la notoriedad nacional en 2015, mientras se desempeñaba como juez en Veracruz, cuando otorgó un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los jóvenes acusados de violar a la menor Daphne Fernández. Su fallo, en el que argumentaba que no existía una “intención lasciva” sino un “roce incidental”, generó gran indignación pública y fue revocado. La negligencia y corrupción del exjuez lo llevaron a ser destituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en 2019, una decisión que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2024.
Tras su salida del Poder Judicial, González Hemadi continuó ejerciendo funciones legales, y en noviembre de 2023, se le nombró apoderado legal de Mefra Fletes, una compañía que, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), participó en el transporte de millones de litros de combustible decomisado. Las autoridades aseguran que su firma y representación habrían ayudado a la red delictiva a operar con una aparente legalidad, facilitando el movimiento de combustibles ilegales en diferentes estados.
El operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) culminó con la captura de 14 personas, incluyendo a González Hemadi, exfuncionarios, marinos activos y retirados, empresarios y representantes de empresas implicadas en el tráfico ilegal. Las detenciones se realizaron en Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México, y están relacionadas con el aseguramiento de un buque con grandes volúmenes de combustible en marzo de 2025.
