Una red familiar con base en Utah y Texas ha sido señalada por el gobierno de Estados Unidos de haber facilitado el ingreso y lavado de más de 300 millones de dólares producto de ventas ilegales de petróleo crudo, en colaboración con cárteles mexicanos. Los Jensen —James, su esposa Kelly y sus hijos Maxwell y Zachary— enfrentan cargos por haber participado en un esquema de contrabando que operó en casi tres mil envíos desde México, a lo largo de tres años.
De acuerdo con documentos judiciales citados por ABC News, los acusados orquestaron la importación de petróleo crudo robado, cuyos pagos fueron canalizados hacia negocios en México con permiso expreso de organizaciones criminales. James Jensen tenía conocimiento de que los recursos terminarían en manos de dichos grupos, según la acusación formal.
La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen), organismo del Departamento del Tesoro estadounidense, advirtió en una alerta reciente a instituciones bancarias que “el gobierno mexicano ha reportado la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos como resultado del huachicol”. La agencia describió los mecanismos empleados por los huachicoleros: desde sobornos a empleados de Pemex, hasta el robo directo de oleoductos y refinerías, incluyendo secuestros de camiones cisterna.
Aunque la denuncia contra los Jensen no menciona directamente a cárteles específicos, la alerta emitida por Fincen el 2 de mayo pide a los bancos estadounidenses redoblar su vigilancia frente a actividades asociadas al contrabando de petróleo perpetrado por grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Golfo y otras organizaciones criminales mexicanas.
Este tipo de crudo, según detalla el informe, suele ser trasladado en camiones cisterna a través de la frontera suroeste bajo etiquetas engañosas, como si se tratara de desechos o materiales peligrosos, para evitar ser detectado por las autoridades. Quienes participan en este tipo de contrabando suelen operar también negocios legítimos en la frontera, lo que les ayuda a disimular las operaciones ilícitas.
Los cálculos de agencias de seguridad pública revelan que los contrabandistas pueden obtener más de 5 millones de dólares por cada embarcación cargada de petróleo crudo. Según la acusación, el clan Jensen habría iniciado sus actividades en mayo de 2021, utilizando una empresa propia en Texas —Arroyo Terminals, ubicada en Río Hondo— como punto de recepción del crudo traído desde México.
Ese mismo sitio fue cateado por autoridades federales el día que los Jensen fueron arrestados: James y Kelly en Utah, y sus hijos en Texas. Aunque la familia se ha declarado inocente, el proceso judicial sigue en curso.
El modus operandi descrito por Fincen incluye ventas del petróleo robado en mercados energéticos dentro y fuera de Estados Unidos, con los pagos siendo canalizados a través de múltiples cuentas y países, a menudo mediante intermediarios, para encubrir el origen ilícito del dinero.
“El robo de combustible y el contrabando de petróleo son fuentes de efectivo para el negocio narcoterrorista del CJNG, lo que constituye una lucrativa fuente de ingresos para el grupo y le permite causar estragos en México y Estados Unidos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Aseguró que la administración continuará usando “todas las herramientas disponibles” para debilitar a los cárteles de la droga y proteger a la nación.
No obstante, tanto las investigaciones como las alertas del mes actual apuntan también a una tarea pendiente: perseguir con mayor rigor a ciudadanos, empresas e instituciones dentro de Estados Unidos que facilitan, operan o se benefician de estos esquemas criminales transnacionales.
4o