Una nueva batalla legal ensombrece el inicio de 2026 para el artista puertorriqueño Bad Bunny y la firma Rimas Entertainment LLC, tras la presentación de un recurso judicial que exige el pago de 16 millones de dólares. La querellante, identificada como Tainaly Y. Serrano Rivera, acusa al intérprete de haber integrado su voz sin el debido consentimiento en temas emblemáticos de su trayectoria, lo que se suma a una serie de reclamos que cuestionan la ética comercial del músico en el manejo de su propiedad intelectual y colaboraciones.
De acuerdo con los pormenores del caso radicados el pasado 5 de enero, el origen de la controversia se halla en un audio enviado vía WhatsApp a petición del productor Roberto J. Rosado, conocido en la industria como La Paciencia. En dicha comunicación, se le solicitó a Serrano Rivera que grabara la frase: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”. Si bien la mujer accedió a la grabación, el documento legal sostiene que nunca se le informó que este material sería explotado con fines de lucro, señalando que “Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”.
La voz de la afectada apareció inicialmente en la canción “Solo de mí”, lanzada en 2018, y fue reutilizada en el tema “EoO” del álbum editado en 2025. Al considerar que se vulneraron sus derechos morales de atribución, así como su intimidad y el derecho a la propia imagen, Serrano Rivera fundamenta su exigencia de compensación en el enorme éxito comercial de las pistas, las cuales superan los 1,300 millones de reproducciones conjuntas en plataformas digitales. Además del resarcimiento económico, la demanda exige el cese total del uso de dicho fragmento sonoro en cualquier soporte publicitario, mercancía o grabaciones de conciertos realizados en el Coliseo de Puerto Rico.
Este litigio se entrelaza con otro proceso judicial vigente desde septiembre de 2025, promovido por Román Carrasco Delgado, un residente de Humacao de 84 años. El demandante reclama un millón de dólares al alegar que su vivienda, popularmente referida como “La Casita”, fue utilizada como símbolo central de la estética visual del cantante sin un acuerdo justo. Carrasco afirma que su tranquilidad se ha perdido por la afluencia constante de extraños y que “‘La Casita ha sido objeto de docenas o cientos de publicaciones en redes sociales y ventas de productos que presentan su propiedad, de las cuales él generalmente no recibe ningún beneficio’”.
La defensa de Carrasco Delgado ha puesto en duda la validez de los permisos obtenidos por el equipo del cantante, argumentando que el propietario, quien no posee habilidades de lectoescritura, fue inducido a plasmar su firma en un dispositivo móvil sin una explicación clara del contrato. Ambos casos, presentados ante los tribunales de la capital puertorriqueña, mantienen bajo escrutinio las prácticas de contratación y el respeto a los derechos de terceros por parte de una de las figuras más influyentes del espectáculo a nivel global.