Un informe reciente de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) reveló que cerca del 70% de las armas decomisadas al crimen organizado en México entre 2018 y 2023 tienen su origen en Estados Unidos, donde fueron fabricadas, importadas o vendidas legalmente antes de cruzar la frontera sur.
De las 136,894 armas rastreadas mediante el sistema eTrace, herramienta utilizada por las autoridades estadounidenses para rastrear el origen de armamento incautado en México y otros países, se identificó que 91,896 piezas (67.13%) tenían un vínculo directo con el mercado estadounidense.
El restante 32.87% (44,998 armas) no pudo ser identificado con certeza. Algunas de estas fueron clasificadas como de “fabricante no estadounidense”, lo que significa que, aunque se sabe que fueron producidas fuera de EE. UU., no se puede determinar si ingresaron legalmente al país vecino ni cómo llegaron a territorio mexicano.
En este grupo, 22,126 armas (16.17%) corresponden a piezas que, según la ATF, podrían no haber entrado nunca en el mercado legal estadounidense. La agencia subraya que estas armas “podrían haber sido fabricadas en el extranjero, nunca haber ingresado legalmente a EE. UU., o haber sido trianguladas a través de un tercer país antes de llegar a México”.
Además, la ATF destacó que, debido a la falta de información en algunos casos, no es posible determinar si estas armas ingresaron directamente a México o si fueron desviadas a través de otros países.
El armamento rastreado incluye pistolas, rifles, ametralladoras, silenciadores y lanzagases, todos utilizados por organizaciones criminales en diversos delitos.
El sistema eTrace, administrado por la ATF, sigue siendo la única herramienta disponible para rastrear el origen de estas armas, lo que refleja la complejidad del tráfico de armas en la región y los desafíos que enfrentan las autoridades de ambos países para frenar este fenómeno.
El informe refuerza una vez más la necesidad de cooperación binacional entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico ilícito de armas y reducir el flujo de armamento que termina en manos de organizaciones criminales.
