La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) ha formalizado la separación definitiva de sus filas, a través de procesos administrativos, del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna. El cese del primero se hizo efectivo el pasado 18 de diciembre, mientras que el segundo fue dado de baja desde el 11 de septiembre, tras detectarse su presunta implicación en actividades ilícitas de alto impacto.
A los dos oficiales de nivel superior se les vincula con una red criminal dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos traídos desde Estados Unidos. Según las investigaciones de las autoridades, ambos habrían facilitado el acceso de estos productos al territorio nacional utilizando estrategias para falsificar esquemas de importación. Reportes del gabinete de seguridad indican que el vicealmirante percibió sus remuneraciones económicas hasta el día de su baja, a pesar de enfrentar un juicio por delincuencia organizada. Por el contrario, al contralmirante Fernando Farías, quien actualmente tiene estatus de fugitivo, se le retiraron todas las prestaciones desde septiembre.
Desde la trinchera legal, el abogado Epigmenio Mendieta, representante de los señalados, ha interpuesto recursos de amparo bajo el argumento de que la prisión preventiva que pesa sobre Manuel Roberto no constituye una sentencia condenatoria. La defensa sostiene que las medidas judiciales vigentes no deben interpretarse como un castigo anticipado ni derivar en la cancelación automática de los derechos laborales de sus clientes, enfatizando que la presunción de inocencia debe prevalecer mientras no exista un veredicto judicial inamovible.
Finalmente, los litigantes subrayaron que la condición jurídica de los marinos no es comparable con un contrato de trabajo convencional y, por tanto, no debería concluirse mediante determinaciones previas al juicio. Insisten en que sus representados mantienen intactas sus garantías constitucionales y que se ha exigido por la vía legal el respeto a su trayectoria dentro de la institución hasta que se demuestre cualquier culpabilidad.