La historia de Carlota “N”, una mujer de 73 años que disparó y mató a dos hombres en una colonia de Chalco, ha causado una fuerte conmoción social y abierto un intenso debate en torno a la justicia, la legítima defensa y la inacción de las autoridades.
El incidente, ocurrido en la calle Hacienda La Labor de la Unidad Habitacional Ex-Hacienda Guadalupe, fue captado en video y difundido en redes sociales, generando miles de reacciones en todo el país. En las imágenes, se observa a Carlota descendiendo de un vehículo con un arma de fuego, acompañada por su hijo Eduardo “N”. Sin previo aviso, apunta contra Esaú Márquez, de 51 años, y le dispara. Minutos después, el hijo de Esaú, Justin Márquez, de apenas 19 años, se acerca para auxiliar a su padre, sin imaginar que sería también ejecutado con un disparo directo a la cabeza.
Los hechos ocurrieron luego de que los hombres asesinados, junto con familiares, presuntamente ocuparan ilegalmente la propiedad que, de acuerdo con investigaciones, pertenece a Mariana “N”, hija de Carlota. La tensión entre ambas partes ya había sido reportada antes del crimen, cuando los agresores solicitaron ayuda a las autoridades para recuperar el inmueble, pero sus llamados no fueron atendidos.
Tras la difusión del video, surgieron preguntas entre la opinión pública: ¿Es válido quitar la vida a dos personas por un conflicto de propiedad? ¿Por qué no intervinieron las autoridades antes del desenlace fatal? ¿Quién tiene la verdadera razón en este caso?
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el inmueble había sido concedido a Mariana “N”, aunque su representante legal rechazó formalmente la entrega, indicando que “por el momento no era de su interés”. Pese a ello, la disputa legal continúa y las investigaciones para esclarecer los hechos están en curso.
Mientras tanto, más detalles han salido a la luz. Se sabe que Carlota es madre de un exdiputado del PRD que fue detenido en 2019 por escándalo en la vía pública y disparos en estado de ebriedad. También ha trascendido que las víctimas habrían estado vinculadas con un sindicato señalado por prácticas de despojo y otros delitos.
Actualmente, Carlota “N”, junto con sus hijos Eduardo “N” y Mariana “N”, permanece recluida en el penal de Chalco, enfrentando cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio. La próxima audiencia para definir su situación legal se celebrará el 9 de abril. El caso, más allá del crimen, ha abierto un complejo debate sobre justicia, impunidad y los límites de la legítima defensa en México.