Con el objetivo de prevenir irregularidades y tras determinar que los objetivos planteados inicialmente ya se han cumplido, la administración federal ha dado por terminado el convenio que permitía la entrada definitiva y legalización de automóviles usados en 16 regiones del país. Esta decisión se tomó bajo la premisa de que la finalidad social que motivó la medida fue atendida satisfactoriamente, buscando además frenar posibles malas prácticas asociadas al proceso.
Aunque diversas modificaciones previas habían proyectado que el esquema de regularización se mantendría vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, una resolución publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre invalidó dicha extensión. Mediante esta anulación emitida por el Poder Ejecutivo, se precisó de manera oficial que la validez del programa expiró al concluir el último día del año 2025.
De acuerdo con las estadísticas gestionadas por el Registro Público Vehicular que se integraron en el documento oficial, el alcance de esta iniciativa fue significativo. Hasta el corte realizado el 25 de noviembre del año pasado, se contabilizaron un total de 2 millones 987 mil 839 unidades motoras que lograron completar su proceso de legalización bajo los lineamientos de este decreto.
La autoridad destacó que el programa cumplió con una función social y de ordenamiento importante. Según lo expuesto en la publicación, a través de este mecanismo “se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía y se contribuyó a garantizar la seguridad pública, al contar con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos y evitar que se ocupen en la comisión de actos ilícitos”.