Luego de que se hiciera pública la detención de José Alberto Abud Flores, quien encabezaba la Universidad Autónoma de Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que ya ha requerido reportes detallados a Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch, responsables de las carteras de Gobernación y Seguridad, respectivamente. La mandataria fue enfática al señalar que en el panorama actual del país “no puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político… no se puede usar la justicia como vendetta política”, advirtiendo que los procesos judiciales deben estar libres de cualquier instrumentalización partidista.
No obstante, la jefa del Ejecutivo aclaró que la investidura académica no otorga inmunidad frente a posibles infracciones legales. Bajo esta premisa, subrayó la importancia de analizar rigurosamente el sustento jurídico del caso para determinar si las acusaciones cuentan con el soporte necesario. “Si cometes un delito tiene que haber cumplimiento de la ley, justicia. En este caso hay que ver cuáles son las pruebas para su detención y si son suficientes” de haber cometido un ilícito, puntualizó, añadiendo que “no puede ser que por ser rector no tenga sus consecuencias; ahora, si es otro tema, no debe usarse la justicia para ello”.
Finalmente, Sheinbaum Pardo vinculó la relevancia de este suceso con la necesidad de fortalecer el sistema judicial en México. Aseguró que la administración tiene la obligación de velar por el estado de derecho, motivo por el cual impulsan “el cambio en el Poder Judicial, para que los jueces garanticen la justicia… aquel que haya cometido un delito, que se persiga y se juzgue adecuadamente”. De esta manera, la presidenta reiteró que el objetivo primordial es asegurar que toda persecución de delitos se realice bajo los estándares más estrictos de legalidad y sin excepciones por cargos públicos o académicos.