Grupo Salinas intentó hasta el último momento aplazar la discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los juicios fiscales multimillonarios que enfrenta, programada para hoy. Desde el pasado lunes y hasta ayer, la Corte publicó 14 notificaciones que daban entrada a recursos de reclamación promovidos por sus empresas, TV Azteca y Elektra.
Dichos recursos impugnan la decisión del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, de rechazar la solicitud de las compañías de posponer la resolución de siete litigios que enfrentan por créditos fiscales superiores a los 48 mil millones de pesos.
Las empresas de Ricardo Salinas Pliego habían solicitado aplazar la resolución argumentando que pidieron al gobierno federal un “ajuste” a sus adeudos. Sin embargo, Aguilar Ortiz respondió el 4 de noviembre que no existe fundamento legal para suspender el fallo y que, para garantizar el acceso a la justicia, el alto tribunal debe resolver con celeridad y conforme a los plazos legales.
Entre los nuevos recursos de reclamación, Elektra también impugnó el desechamiento por parte de la Corte de dos impedimentos que promovió a finales del mes pasado, con los que pretendía paralizar a todo el pleno sobre la resolución de litigios por más de 34 mil 373 millones de pesos. La compañía solicitó la separación de los nueve ministros del pleno por presunto conflicto de interés, pero sus peticiones fueron rechazadas el 27 de octubre por el presidente Hugo Aguilar Ortiz, sin mayor trámite, quien además les impuso multas por intentar “entorpecer o dilatar” los juicios.
A la fecha, el conglomerado ha promovido un total de 102 recursos ante el tribunal constitucional, dilatando la resolución definitiva de nueve juicios contra créditos fiscales que suman más de 49 mil millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas, recargos y actualizaciones.
Hoy, el pleno busca resolver siete de los nueve litigios pendientes de las empresas de Grupo Salinas, a través de 15 proyectos que abordan recursos de reclamación, amparos directos en revisión e impedimentos. El efecto de estos proyectos sería confirmar las sentencias de tribunales colegiados, obligando a las empresas a pagar créditos fiscales por 48 mil 326 millones 809 mil pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2015. Cinco ministros coinciden en sus proyectos en que los recursos del conglomerado no plantean un tema de interés excepcional sobre la constitucionalidad de la Ley del ISR que justifique la intervención del alto tribunal.