La tarde del martes 11 de febrero, un juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Marianne “N”, una influencer acusada de haber agredido con un arma blanca a Valentina Gilabert en al menos 14 ocasiones. La víctima, quien se encuentra hospitalizada en estado grave, fue atacada el pasado 5 de febrero en la Ciudad de México. Según informes, el motivo de la agresión habría sido una disputa sentimental.
El altercado se habría originado debido a la relación que Gilabert mantenía con el padre de la hija de la presunta agresora. Este vínculo sentimental habría provocado la reacción violenta de Marianne, quien, según las indagatorias, atacó a la joven con gran brutalidad.
El estado de salud de la víctima sigue siendo delicado. Familiares han informado que Valentina permanece hospitalizada y que su evolución es incierta. La madre de la joven explicó en conferencia de prensa que su hija ha comenzado a despertar, pero que experimenta una fuerte ansiedad como consecuencia del trauma sufrido.
“Le están bajando apenas la sedación, es poquito a poquito. Está despertando con mucha ansiedad, por obvias razones, por el trauma. Está a ratos abriendo los ojos y sabe que estamos presentes”, declaró la madre de Valentina.
En México, los menores de edad que cometen delitos graves están sujetos a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta legislación establece que los adolescentes de entre 12 y 17 años deben pasar por un sistema de reintegración social, sin recibir penas equiparables a las de los adultos.
Para los adolescentes de entre 14 y 17 años que cometen delitos graves como homicidio, violación o secuestro, la ley contempla el internamiento como una medida excepcional, con un máximo de cinco años de privación de la libertad. En el caso de menores de entre 12 y 14 años, la reclusión no puede superar los tres años.
El sistema penal juvenil en México prioriza la reintegración social y el respeto a los derechos humanos de los adolescentes infractores, promoviendo su educación y orientación para prevenir la reincidencia delictiva. La privación de la libertad se considera el último recurso y debe ser aplicada con base en criterios de proporcionalidad y rehabilitación.