Tras la finalización del conflicto laboral en Cananea, el pago de compensaciones económicas a trabajadores mineros, viudas y sus familias ha dado comienzo como parte de una estrategia integral de reparación para la cuenca del Río Sonora. Este anuncio fue realizado de forma conjunta por las administraciones federal y estatal, destacando que el esquema de atención responde a las afectaciones derivadas del vertido de contaminantes ocurrido hace más de una década.
Un fondo total de 2 mil 222.6 millones de pesos ha sido destinado para este programa de restauración socioambiental, financiado en un 70 por ciento por la empresa Grupo México tras las negociaciones con el Ejecutivo. El resto de los recursos provienen de aportaciones del gobierno federal, con un 22 por ciento, y del estado de Sonora, que contribuyó con el 8 por ciento restante. Como parte del convenio, la compañía minera desembolsará mil 500 millones de pesos, sumados a depósitos previos realizados ante instancias de conciliación, mientras que el erario público complementará el monto necesario para las obras de infraestructura y salud.
En lo que respecta a la sanidad del ecosistema, se ha proyectado un sistema de monitoreo en tiempo real para verificar la pureza del caudal, además de la modernización técnica del Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste. El plan contempla la edificación de 16 nuevas estaciones potabilizadoras y de desinfección, así como la rehabilitación de instalaciones existentes que se encontraban inoperativas. Para garantizar el suministro seguro de agua, el acuerdo estipula que la operación de estos sistemas estará cubierta económicamente durante un lustro.
La infraestructura hospitalaria de la región también experimentará una transformación profunda, pues el actual centro médico de Ures será elevado al rango de hospital regional bajo el modelo IMSS-Bienestar. Esta unidad contará con 60 camas, 21 consultorios especializados y un área de cuidados intensivos, evitando que los residentes deban trasladarse largas distancias para recibir atención compleja. Adicionalmente, se establecerá una unidad de salud renal equipada para hemodiálisis y un laboratorio de toxicología enfocado en detectar la presencia de metales pesados en la población.
Sobre la trascendencia de estas medidas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, manifestó que “El Gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo y esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea. Hoy culminan 18 años de lucha, es un hecho histórico”. Este avance busca mitigar los daños sufridos por cerca de 20 mil habitantes de diversos municipios sonorenses que padecieron las consecuencias del derrame de sulfato de cobre en 2014.
Al respecto, la titular de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, subrayó que el desastre ecológico no solo dañó la flora y fauna local, sino que también mermó la calidad de vida de las comunidades. La funcionaria puntualizó que “Estas afectaciones tuvieron grandes impactos a la salud pública, un acceso muy limitado al agua potable, daños a la economía local, porque se dedicaban también a las actividades agropecuarias”. Con el nuevo convenio, se pretende realizar un diagnóstico exhaustivo de la ribera del río para asegurar que la restauración ambiental se base en criterios científicos rigurosos y se eliminen los restos de arsénico, plomo y cobre que aún persisten en el entorno.