Aproximadamente un millar de animales, entre canes y felinos, fueron retirados del Refugio Franciscano por el gobierno capitalino tras casi un mes de denuncias ciudadanas. En un despliegue coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente, un total de 936 ejemplares fueron trasladados a un santuario ubicado en el Ajusco, así como a diversas instituciones veterinarias tanto públicas como privadas. Esta acción respondió a un dictamen de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que calificó la situación de los animales como maltrato y crueldad en la “modalidad de omisión y negligencia”.
La titular del Ejecutivo local, Clara Brugada Molina, enfatizó que la prioridad de este mandato judicial es salvaguardar la integridad de los seres sintientes y garantizarles atención médica inmediata. No obstante, la gravedad del caso se reflejó en los informes previos de la fiscalía, los cuales señalaron que de 78 animales que ya recibían cuidados externos antes del operativo, 21 perdieron la vida debido al estado crítico de salud derivado de las precarias condiciones en las que habitaban originalmente.
El operativo, que comenzó alrededor de las 10:00 horas en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, requirió la presencia de más de 120 elementos de seguridad para resguardar los accesos ante la resistencia de manifestantes inconformes. La tensión en la alcaldía Cuajimalpa escaló a enfrentamientos físicos entre civiles y uniformados hasta que, pasado el mediodía, se logró la evacuación de los animales en múltiples caravanas de vehículos. Tras el desalojo, el inmueble quedó bajo resguardo oficial mientras continúan las investigaciones.
A pesar de las evidencias de hacinamiento, colaboradores del centro como la veterinaria voluntaria Laura Díaz Torres argumentaron que el sitio siempre mantuvo sus puertas abiertas para recibir a animales en desamparo, señalando que muchas veces estos eran abandonados de forma cruel: “algunos nos los aventaban por la barda, otros los dejaban amarrados afuera de la puerta”, explicó. Sin embargo, las indagatorias ministeriales revelaron una realidad distinta, donde los animales convivían con plagas y eran alimentados únicamente con pan remojado, lo que les provocó cuadros severos de desnutrición, lesiones cutáneas y afecciones respiratorias crónicas.
Este conflicto sanitario y ético salió a la luz pública a raíz de una disputa legal por la propiedad del terreno entre la asociación civil y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama. Mientras se determinan las responsabilidades penales contra los encargados del refugio, el gobierno de la ciudad mantendrá la custodia temporal de los ejemplares con el fin de rehabilitarlos para su futura adopción. Finalmente, se anunció que se enviará una propuesta de ley al Congreso capitalino destinada a establecer regulaciones estrictas para el funcionamiento de albergues y centros de asistencia animal en la metrópoli.