Las recientes investigaciones en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se han convertido en motivo de controversia y frustración para los colectivos de búsqueda de desaparecidos, quienes han denunciado la falta de rigor en los trabajos forenses, la omisión de pruebas clave y un presunto intento de ocultar evidencias.
Durante una visita organizada por autoridades estatales y federales, los familiares de personas desaparecidas recorrieron el predio, que ha sido señalado como un presunto centro de exterminio y entrenamiento del crimen organizado. Sin embargo, la visita se desarrolló en medio de reclamos por la falta de acceso a zonas clave del inmueble y por aparentes irregularidades en la investigación. Una de las imágenes que se viralizó en redes sociales mostró a una madre buscadora golpeando el suelo de una habitación mientras exclamaba entre lágrimas: “Mira, ven, tócale aquí, mira cómo suena, está hueco”, exigiendo que se realizara una excavación en el área.
Las familias también manifestaron su inconformidad al notar que el sitio había sido previamente limpiado antes de la visita. “Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”, denunció Patricia Sotelo, madre de Fanny Areli, desaparecida hace cuatro años. Además, se restringió el tiempo de inspección a apenas 20 minutos, lo que limitó el trabajo de los colectivos y redujo la revisión a un simple recorrido frente a la prensa.
La criminóloga Yuriria Rodríguez Castro calificó la investigación en el Rancho Izaguirre como “la vergüenza criminológica más grande en la historia de México”, asegurando que el manejo de la escena ha sido peor que en los casos de Ayotzinapa y San Fernando. En su columna para Opinión 51 y en entrevistas con medios nacionales, denunció la falta de metodología forense, la contaminación de evidencias y la ausencia de una narrativa clara sobre los hechos ocurridos en el sitio.
Rodríguez Castro relató que al llegar al rancho observó zopilotes sobrevolando la zona, un indicio inequívoco de la presencia de restos humanos en avanzado estado de descomposición. Sin embargo, criticó que no se hayan realizado exhumaciones adecuadas ni se haya delimitado correctamente la escena del crimen, la cual solo estaba marcada con banderas sin un análisis planimétrico.
“La escena del crimen en México se le llama ‘escena de la intervención’, pero aquí estaba demasiado intervenida, ya había pasado demasiado tiempo y no había interés por preservarla”, declaró en entrevista con MVS. Añadió que la falta de un protocolo adecuado ha hecho imposible reconstruir los hechos y determinar con certeza lo que ocurrió en el rancho. “El Rancho Izaguirre es un cascarón vacío, un entarimado escénico sin acción ni objetos. Ni siquiera es un guión poco creíble”, escribió en su columna.
Para la experta, este predio no solo funcionó como una fosa clandestina, sino que reúne diversas escenas del crimen: un crematorio de exterminio, un centro de reclutamiento y entrenamiento de criminales, un sitio de adoración a la Santa Muerte y un laboratorio con químicos corrosivos, posiblemente usados para deshacer cuerpos o fabricar drogas. “El Rancho Izaguirre es visto como un centro de atractivo que frivoliza la violencia de una organización criminal, pero tal vez ni siquiera sea la escena del crimen principal”, advirtió.
Rodríguez Castro también criticó la ausencia de marcadores numéricos, esenciales para estructurar una investigación en línea temporal. A diferencia de los casos de San Fernando y Ayotzinapa, en los que se logró establecer una narrativa de los hechos, en el Rancho Izaguirre eso no es posible debido a la desorganización en la recopilación de pruebas. “En San Fernando, la colocación de los restos indicaba que ahí mismo fueron asesinados. En Ayotzinapa, aunque hubo puntos de hallazgo dispersos, se logró reconstruir una secuencia de eventos. En el Rancho Izaguirre, la escena es completamente ilegible”, sostuvo.
Otro aspecto alarmante, según la criminóloga, es la aparente intención de destruir o modificar evidencias. La falta de medidas de preservación hace que muchos elementos ya no puedan ser usados como pruebas judiciales. “Las pruebas ya están contaminadas, aunque las tuviésemos, no van a tener un carácter probatorio porque se desaprovechó la oportunidad de registrarlas en su momento”, explicó. También denunció que se limpiaron a fondo zonas clave, como el área de entrenamiento, donde se eliminaron restos de pintura de gotcha, lo que impide realizar análisis científicos.
Para Rodríguez Castro, el caso representa el mayor fracaso en la historia de la investigación criminológica en México. “Ni siquiera se compara con San Fernando o Ayotzinapa. Ahí al menos teníamos una narrativa de hechos, aunque fuera debatida. Aquí nunca la tendremos porque no estamos listos para una escena que nos rebasa por completo”, sentenció.
La especialista hizo un llamado a las autoridades para desarrollar un protocolo específico en el manejo de escenas del crimen de gran magnitud. “Necesitamos un protocolo de atención a este tipo de escenas. Son escenarios de exterminio que se volverán cada vez más comunes en México”, concluyó.
