La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; El caso del primer funcionario y su esposa, ya fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General de Justicia y en el caso de los otros tres, la dependencia tendrá resultados en diciembre próximo
Redacción Entorno Informativo
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continúa con la investigación del desvío de 67 millones de pesos por personal del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública (Cecop) el cual se extendió a tres funcionarios más, quienes están inhabilitados, informó la titular de la dependencia, María Dolores del Río Sánchez.
En rueda de prensa, informó que el expediente ya se turnó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora el pasado dos de octubre, el cual concierne al funcionario original quien está prófugo, en tanto, se amplió la investigación a tres más.
Informó que como resultado de la denuncia interpuesta el 1 de abril pasado se logró recuperar el monto de lo sustraído al embargar un inmueble que cubre el monto de los 67 millones de pesos.
Del Río Sánchez explicó que la indagatoria inició luego de una denuncia directa presentada por el excoordinador del organismo, David Mendoza al detectarse transferencias de grandes montos a cuentas no reconocidas, las cuales se realizaron meses previos y posteriores a abril, periodo en el que se registraron los movimientos más significativos.
Como parte de las medidas cautelares, la dependencia separó de su cargo a cuatro servidores públicos, uno de ellos está en el tribunal de justicia administrativa y tres más se encuentran bajo la investigación por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Actualmente, continúan bajo investigación tres servidores públicos más, cuyos resultados podrían darse a conocer en diciembre próximo.
La funcionaria estatal insistió en que “Afortunadamente para el estado y para los sonorenses, el recurso fue recuperado”.
Asimismo, precisó que la investigación administrativa se desarrolla de manera paralela a la que realiza la Fiscalía del Estado en el ámbito penal, por lo que hasta concluir ambos procesos no podrá determinarse la responsabilidad final de los involucrados.