El gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta cuestionamientos tras revelarse que posee un rancho de 700 hectáreas ubicado en la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León, valuado en 800 millones de pesos. Según una investigación de Reforma, el terreno era previamente propiedad de la familia de un proveedor del Estado y, en diciembre de 2022, fue cedido a Saga Tierras y Bienes Inmuebles, una empresa perteneciente al mandatario y a su padre, Samuel García Mascorro.
El reportaje señala que la propiedad, antes en manos de los hijos del fundador de la constructora Garza Ponce, José María Garza Ponce, pasó a un fideicomiso tras el fallecimiento de Norma Hilda Treviño, esposa del fundador. Posteriormente, el terreno fue transferido a la empresa del gobernador mediante “un contrato de reversión de propiedad de bienes inmuebles en ejecución y extinción parcial del fideicomiso.”
La constructora Garza Ponce ha recibido concesiones públicas relevantes, entre ellas proyectos como la renovación del metro de Monterrey, con un valor superior a los 7,000 millones de pesos, y un ducto. Estas adjudicaciones han alimentado las sospechas de un posible conflicto de interés entre el gobernador y la empresa.
Por otro lado, Reforma reportó en mayo de este año que García adquirió un terreno de 17.7 hectáreas en Mesa de la Corona, San Pedro Garza García, una de las zonas más exclusivas del Estado, por un valor estimado de 700 millones de pesos. Según el medio, el gobernador planea construir una residencia de 2,800 metros cuadrados en esta propiedad, también registrada a nombre de Saga Tierras y Bienes Inmuebles.
El gobernador negó en su momento estas acusaciones, asegurando a través de su cuenta de X: “No compré ningún terreno, y si alguien demuestra lo contrario, renuncio. Estamos a una semana de la elección y no es casualidad que saquen este tipo de notas.” Sin embargo, en su declaración patrimonial de 2023, García no reportó la adquisición de dicha finca.
En marzo de este año, otro escándalo salpicó al dirigente tras ser señalado por presuntamente triangular más de 200 millones de pesos de un proveedor gubernamental hacia un despacho jurídico del que es socio junto a su padre.
Estas acusaciones han puesto bajo escrutinio la administración de Samuel García, quien enfrenta crecientes cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y posibles conflictos de interés en su gestión.
