Bajo la premisa de que el reciente envío de 37 miembros de estructuras delictivas a territorio estadounidense se efectuó “en beneficio del país”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, defendió la medida. Durante su intervención en el diálogo matutino encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que estos sujetos persistían en su operatividad criminal, coordinando actividades de extorsión y manteniendo lazos con redes delictivas aun estando privados de su libertad.
El secretario de Seguridad advirtió sobre la peligrosidad de mantener a estos perfiles en centros penitenciarios nacionales, señalando que estos delincuentes “generan alianzas dentro de prisiones con otros grupos, y lamentablemente en varios lugares, incluso recluidos, tienen oportunidad de continuar delinquiendo”. Por tal motivo, García Harfuch enfatizó que la extracción de estos individuos de las cárceles mexicanas es una estrategia preventiva, argumentando que: “esto (el traslado) es en beneficio del país. Al sacarlos evitamos extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios de ciudadanos mexicanos, y que continúen fortaleciendo alianzas con otros grupos criminales”.
Complementariamente a los procesos de extradición, el Gobierno Federal ha implementado inspecciones sorpresivas cotidianas en prisiones tanto federales como estatales. En estos operativos colabora de manera conjunta personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la propia Secretaría de Seguridad, con el firme propósito de identificar y desarticular cualquier foco de actividad ilícita que se geste tras las rejas.
Finalmente, el funcionario subrayó que la estrategia gubernamental no se limita al traslado de reos de alta peligrosidad, sino que abarca un robustecimiento integral del sistema penitenciario. “No sólo es el traslado de estos sujetos sino fortalecer de manera importante los penales en el país. Desde bloqueo de señales o quitar antenas completas (cercana) al penal de Altamira, Tamaulipas, donde se hacían extorsiones”, concluyó, haciendo referencia a acciones específicas de desmantelamiento de infraestructura tecnológica utilizada para el crimen.