La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de utilizar su deuda fiscal con fines políticos, urgiéndole a liquidar el adeudo sin la necesidad de establecer un acuerdo o mesa de negociación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El dueño de empresas como Elektra y TV Azteca había asegurado durante el fin de semana estar dispuesto a liquidar la deuda fiscal en un plazo no mayor a diez días y había hecho públicos documentos enviados al SAT y al gobierno, solicitando la definición y actualización precisa del monto pendiente.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal enfatizó que el empresario está intentando convertir un asunto jurídico y fiscal en uno de índole política. La mandataria recalcó que no se requiere ninguna reunión con el SAT ni una mesa técnica. “Si quieren pagar que paguen. Porque él dice ‘queremos pagar’, pues paguen. Nada les impide pagar, nada. Mandaron una carta al SAT donde dicen lo que deben. Pues que empiecen a pagar. Pero no han querido pagar. Entonces faltan a la verdad y quieren hacer de esto un tema político. No es político. Es jurídico y de impuestos”, sostuvo.
La presidenta insistió: “Lo único que hemos dicho es toma chocolate, paga lo que debes. Lo que les hemos dicho es: paga hoy, hoy, hoy. Ahí están las oficinas del SAT y las transferencias electrónicas”.
Por su parte, el exprocurador fiscal de la Federación y actual subsecretario de Gobernación, Arturo Medina Padilla, desmintió que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador haya alcanzado un acuerdo con Grupo Salinas para liquidar la deuda fiscal por 7 mil 600 millones de pesos. Medina Padilla declaró: “Es falso que la administración pasada haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación con los adeudos que tiene con el fisco desde los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ni 2013. Nunca se acordó un monto ni la ruta de solución”.
Finalmente, Grupo Salinas indicó que, frente a lo que considera una persecución sistemática por parte del gobierno, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.