Menos de siete meses después de haber recibido el beneficio de prisión domiciliaria, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue trasladado nuevamente al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. La jueza penal Angélica del Carmen Ortuño Suárez le había concedido esta medida en agosto del año pasado mientras enfrentaba cargos por su presunta implicación en la tortura de la periodista Lydia Cacho.
El tribunal colegiado de apelación del vigésimo séptimo circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, revocó la medida cautelar que favorecía a Marín, al considerar que existía un alto riesgo de fuga y debido a la gravedad del delito que se le imputa. Marín, conocido como “góber precioso”, había permanecido en prisión domiciliaria desde el 14 de agosto del año pasado en su residencia de Xilotzingo, Puebla, después de haber pasado más de tres años en la cárcel federal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, con monitoreo electrónico y vigilancia constante.
El exgobernador fue acusado de ordenar la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005, después de la publicación de su libro en el que revelaba una red de explotación sexual infantil que involucraba al empresario Kamel Nacif, amigo cercano de Marín.
En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “sabadazo” la decisión de la jueza de modificar la medida cautelar, subrayando la gravedad de los delitos imputados a Marín. No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), interpuso una apelación que resultó en la revocación del arresto domiciliario.
El tribunal de alzada determinó que la resolución a favor del exgobernador carecía de fundamentación suficiente, no evaluó adecuadamente los riesgos procesales ni consideró la posibilidad de fuga ni la seriedad de los cargos.
Por su parte, la FGR emitió un comunicado en el que destacó la importancia nacional del caso, no solo por tratarse del delito de tortura, sino también porque representa una agresión contra una periodista en el ejercicio de su libertad de expresión. Asimismo, la dependencia enfatizó el uso indebido de instituciones estatales para reprimir el derecho a la información.
