Cumpliendo con su promesa, Morena presentó al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la reforma propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar siete órganos autónomos, medida que marca un paso decisivo en la reestructuración del aparato institucional. La Mesa Directiva de la Cámara confirmó que la iniciativa quedó enlistada en la Gaceta Parlamentaria y entrará en debate y votación en el pleno la próxima semana.
Entre los organismos propuestos para desaparecer figuran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y sus 32 contrapartes estatales. La reforma también contempla la disolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, indicó que la propuesta busca modificar 14 artículos de la Constitución de un “plumazo”. Entre los argumentos presentados, el dictamen sostiene que “los entes públicos ajusten sus estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana”. También se afirmó que los recursos ahorrados se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, asegurando que los derechos laborales de los empleados serán respetados en su totalidad.
De acuerdo con el dictamen, el Inai dejará de operar con la derogación de la fracción 8 del artículo 6 constitucional, que actualmente establece sus funciones y atribuciones. En el caso de la Cofece, el artículo 28 será reformado para transferir sus facultades al Ejecutivo Federal, en línea con la reciente solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum de crear un organismo con “independencia técnica” que evite prácticas monopólicas.
Respecto al IFT, el dictamen propone que las competencias en telecomunicaciones y radiodifusión sean asumidas directamente por el Ejecutivo, quien también decidirá sobre el otorgamiento, revocación y cambios de control accionarios en dichos sectores.
Las reacciones a esta propuesta han sido mixtas, con críticas desde la oposición, organizaciones civiles y académicos, quienes señalan que la desaparición de estos órganos vulneraría la autonomía y transparencia en México. Morena argumentó, sin embargo, que esta transformación responde a la necesidad de una administración más eficiente y en línea con los principios de austeridad impulsados por el gobierno.
