A tres años de la firma del convenio entre el gobierno mexicano y Cuba para incorporar médicos de la isla al sistema de salud pública, no existen datos oficiales que permitan evaluar el impacto real de esta colaboración. La falta de seguimiento, indicadores y una clara responsabilidad institucional ha generado una opacidad total en torno al programa.
A través de solicitudes de información, el periódico El Universal consultó a la Secretaría de Salud (Ssa), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al IMSS-Bienestar sobre métricas de desempeño, gastos y resultados de los médicos cubanos. Las tres dependencias respondieron de manera similar: no cuentan con la información solicitada o no son las responsables de proporcionarla.
El IMSS fue la primera en deslindarse, indicando que, según el convenio bilateral, la evaluación es responsabilidad de la Secretaría de Salud, específicamente de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Sin embargo, la Ssa también se declaró incompetente y redirigió la solicitud al IMSS-Bienestar. Esta última dependencia, a su vez, rechazó la responsabilidad, alegando que la información corresponde a otro “sujeto obligado”.
A pesar de que el convenio establece un mecanismo de evaluación en tres fases, ninguna de las instituciones ha reportado avances, diagnósticos o resultados. Se desconoce si estas etapas han sido ejecutadas, lo que refuerza la opacidad del programa y dificulta cualquier intento de fiscalización.
Lo más preocupante es la ausencia de información sobre los servicios prestados. No se sabe cuántas consultas han atendido los médicos cubanos, en qué zonas trabajan o cuál ha sido su desempeño profesional. Las Unidades de Transparencia del IMSS y del IMSS-Bienestar argumentan que no gestionaron la contratación y, por lo tanto, no están obligadas a registrar esos datos.
En cuanto al gasto público, las cifras son claras, pero los detalles no. Se estima que el programa ha costado 2 mil 19 millones de pesos desde 2022, según El Universal. No obstante, ninguna dependencia pudo precisar cuánto se destina al salario de cada médico ni desglosar el presupuesto para transporte, hospedaje, alimentación y otros beneficios incluidos en el acuerdo.
La rendición de cuentas se complica por el modelo de operación. Al ser los servicios médicos considerados una colaboración externa, la fragmentación de responsabilidades entre las instituciones mexicanas y los contratistas cubanos ha creado una cadena de responsabilidades diluidas. Como resultado, el programa opera sin que ninguna entidad asuma el control total de su evaluación o fiscalización.