Asegura el senador Heriberto Aguilar Castillo; Asimismo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fortalece la revocación de mandato
Ivanova de los Reyes
Revocación de mandato y reducción de privilegios a los congresos estatales no dañan operación de ningún partido, afirmó el senador por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo quien defendió la implementación del Plan B de la Reforma Electoral.
En conferencia de prensa, recordó que el objetivo del Plan B es acabar con los excesos y privilegios para evitar los altos costos del sistema político mexicano.
Señaló que, la eliminación de costos superfluos y de derroche para hacer uso correcto de los recursos, se va a lograr, primero topando los sueldos y percepciones de los órganos electorales, recortando el presupuesto de los congresos locales, y reduciendo a 15 el número de regidores en cabildos municipales.
“Esto es lo que se está previendo con esta iniciativa, el tope del presupuesto en el Congreso, reducir los integrantes de Cabildo que va a hacer posible que optimicemos el presupuesto de la nación y del pueblo, y lo utilicemos en lo que mejor se ocupa, en obras para los estados y municipios”, dijo.
Recordó que, Sonora es un modelo al ser el primer estado que recortó el presupuesto del Congreso local, y se destinó para el programa de becas y apoyos a familias vulnerables.
Aguilar Castillo resaltó que esta reforma también plantea fortalecer la revocación del mandato.
“Que esta revocación pueda ser a mitad del trienio, al tercer año, empatarla con las elecciones, en este caso, al 2027 o al cuarto año, pero, que la personal del Ejecutivo pueda plantear con claridad el proceso de revocación del mandato, si se va o se queda. Básicamente esto representa el Plan B, hoy se sigue discutiendo en las comisiones del Senado, y después de Semana Santa tendremos la posibilidad de llevarlo al Pleno, analizarlo, discutirlo y aprobarlo, que será muy bueno para fortalecer la democracia”, apuntó.
Además, tiene consigo una verdadera transparencia y fiscalización de los recursos que se dan a los órganos electorales y partidos políticos; todos esos aspectos hay que regularlos para que el dinero del pueblo sea para el pueblo, se maneje con honestidad y se aplique con justicia, finalizó.