A menos de un mes de la jornada electoral judicial, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 aspirantes a cargos del Poder Judicial por estar implicados en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) o no cumplir con requisitos mínimos de elegibilidad.
Según los documentos entregados por ambos legisladores al órgano electoral, 18 de los candidatos no cumplen con lo establecido en la Constitución —específicamente lo dispuesto en la fracción IV del artículo 95 y fracción III del artículo 97— debido a que no gozan de “buena fama en el concepto público” ni de buena reputación, ya que han sido vinculados con grupos del crimen organizado, o bien, han liberado o defendido a personas relacionadas con estos.
Seis de los postulantes se encuentran actualmente bajo investigación por delitos graves como abuso sexual, amenazas, peculado, delincuencia organizada, y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. También se incluyen órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud. Entre ellos figuran Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca (Puebla), Ángel Villegas Cortés (Veracruz), Noel Castro Melgar (Ciudad de México), Arturo César Morales Ramírez (CDMX), Jesús Karina Almada Rábago (Sonora), y María de Jesús López Guzmán (Chiapas).
Otro grupo de 12 aspirantes también fue objetado por haber defendido judicialmente a miembros de organizaciones criminales, liberar de forma irregular a narcotraficantes, o estar acusados de delitos como desaparición forzada y portación de armas. Entre los mencionados están Fernando Escamilla, Jesús Padilla, Diana Monserrat Partida, Julio Veredín, Aníbal Castro, Conrado Alcalá, Enrique Hernández, Francisco Herrera, Francisco Martín Hernández, Edgar Rodríguez, Andrés Montoya y Leopoldo Javier.
Además, los legisladores señalaron que ocho aspirantes no lograron el promedio mínimo de ocho en su formación profesional, lo que los descalifica para ocupar cargos como jueces de distrito, magistrados de circuito o magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“De no cancelar los registros de dichas candidaturas, se comprometería gravemente la función jurisdiccional al concretarse posibles conflictos de interés y evidente idoneidad para desempeñar los cargos judiciales de elección popular”, se advierte en los escritos entregados al INE, quien ahora deberá emitir una resolución oficial.