Bajo la figura de testigos protegidos, dos empleadas del cantante español Julio Iglesias han recibido el respaldo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España tras haber interpuesto denuncias por agresiones sexuales. El escándalo, que cobró notoriedad internacional el pasado 13 de enero, involucra a una antigua fisioterapeuta y a una integrante del servicio doméstico, quienes acusan al artista de 82 años de graves delitos que incluyen agresión sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales, además de trata de personas con fines de servidumbre.
De acuerdo con las revelaciones difundidas por medios como Univisión y elDiario.es, las víctimas habrían sido sometidas a un régimen de control absoluto en el que el cantante “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”. En una de las declaraciones más severas, se menciona incluso la existencia de actos de penetración realizados sin consentimiento.
En respuesta a la gravedad de los testimonios, Jovana Ríos Cisnero, líder de la organización Women’s Link Legal, enfatizó la disparidad de condiciones entre el acusado y las trabajadoras, señalando que “Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección”. Mientras tanto, la justicia española analiza la competencia de los tribunales de Madrid para procesar estos presuntos crímenes cometidos en territorio extranjero por un ciudadano ibérico.
Por el lado del artista, quien históricamente construyó una imagen de seductor vinculada a la propaganda del periodo franquista, no ha existido un comunicado formal. Sin embargo, trascendió que la revista ¡Hola! logró contactarlo, afirmando que el cantante sostuvo que la verdad se conocería pronto. Según reportes de la agencia Afp, “Iglesias y su equipo legal preparan su defensa y él quiere aclarar el tema para que no queden dudas sobre lo sucedido”, preparando así su estrategia jurídica ante una posible comparecencia ante la corte.
En el terreno político, el caso ha generado una división profunda. Mientras agrupaciones como Más Madrid demandan la revocación de la Medalla de Oro de la Comunidad otorgada al intérprete, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en su defensa pública. La mandataria madrileña rechazó tajantemente unirse a lo que calificó como una campaña de desprestigio contra quien considera el artista español de mayor alcance global, declarando que “La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”.
Ante la presión de diversos sectores, otros funcionarios del gobierno de Madrid han solicitado cautela, argumentando que aún no cuentan con informes oficiales sobre el desarrollo de las investigaciones judiciales. Miguel Ángel García Martín, consejero de Justicia local, instó a evitar juicios anticipados, subrayando la necesidad de prudencia hasta que los tribunales decidan el curso de la denuncia que fue recibida inicialmente por las autoridades el pasado 5 de enero.