Consideran que se violentaron sus derechos de libre representación política
Ivanova de los Reyes
Por presuntamente violentar sus derechos a la libre representación política de los pueblos indígenas y discriminación de las leyes electorales locales en la elección de sus representantes populares, integrantes de la nación Yoreme-Mayo, del sur de Sonora, realizaron este jueves el cierre parcial de las instalaciones del IEEyPC.
Remedios Severo Aguilar Ozuna, gobernador de la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo, señaló que la Asamblea General del pueblo Yoreme solicitó un juicio político contra el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arvizu por violar a las leyes de los pueblos indígenas.
El representante del pueblo Yoreme, denunció que los partidos políticos no forman parte de su identidad, ya que la etnia tiene formas políticas para la selección de sus representantes, y ese derecho se les reconoce en el artículo Segundo Constitucional.
La Constitución establece y reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, derecho que el IEEyPC les desconoce al imponer un sistema de partidos como forma de representación.
Ante estas graves violaciones, declararon improcedente el proceso electoral de representación indígena iniciado en forma ilegal por el IEE en su territorio, lo declararon culpable de estas violaciones a sus derechos.
“Dos, exigimos el reconocimiento inmediato de la asamblea general del pueblo Yoreme, la cual, con mecanismos internos de calificación de auto adscripción, bajo usos y costumbres ha logrado consensos para expedir la carta de representación política bajo los acuerdos de trabajo comunitario y reunificación”, subrayó.
Asimismo, demandaron un juicio político para el consejero presidente del IEE, Nery Ruiz Arvizu debido a las presuntas violaciones graves a los derechos nacionales e internacionales de los pueblos indígenas de Sonora y su incapacidad y falta de interés para atender sus demandas y, por lo tanto, negarles sus derechos.
