En las instalaciones judiciales de Doctor Lavista, un impartidor de justicia resolvió no consolidar los expedientes ministeriales abiertos contra Uriel Rivera. Al imputado se le atribuyen actos de acoso sexual en perjuicio de la Presidenta de la República, además de un cargo por abuso sexual cometido contra una ciudadana de 25 años, incidentes que tuvieron lugar el pasado 4 de noviembre.
La determinación judicial se derivó de un análisis a la propuesta de la Fiscalía General de Justicia capitalina, la cual pretendía agrupar ambas indagatorias en un solo expediente. No obstante, el juzgador puntualizó que las transgresiones no guardan una relación de conexidad, al haberse perpetrado en momentos y circunstancias diferenciadas, lo que obliga a que cada proceso legal siga su curso de manera independiente.
Durante la jornada del martes, el procesado compareció en dos diligencias consecutivas. En la primera de ellas, centrada en el agravio contra la titular del Ejecutivo Federal, se resolvió conceder una prórroga de cuatro meses adicionales para concluir con las tareas de investigación complementaria. Fue en el marco de la segunda sesión, relacionada con la agresión sufrida por una mujer identificada como Guadalupe en el Centro Histórico, donde el Ministerio Público planteó sin éxito la fusión de las causas penales.
De acuerdo con los registros de la investigación, el segundo ataque ocurrió mientras la víctima transitaba por la zona central de la ciudad. Tras la negativa del juez para acumular las carpetas, el calendario procesal establece que será hasta marzo cuando se lleve a cabo el siguiente encuentro judicial para dar continuidad al deslinde de responsabilidades por estas acusaciones.