La corporación de seguridad del municipio de Apodaca, Nuevo León, ha desmentido las declaraciones vertidas por Leonardo Ariel Escobar Barrios, docente de origen colombiano adscrito a la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla. El catedrático, cuya localización se desconocía desde el 2 de enero, fue interceptado inicialmente por elementos de la Guardia Nacional en la terminal aérea de Monterrey antes de ser entregado a las autoridades locales.
Mediante un pronunciamiento oficial, la fuerza municipal sostuvo que en todo momento se salvaguardó la integridad del profesor, asegurando que “la autoridad municipal recibió de la Guardia Nacional al detenido el 31 de diciembre pasado a las 20:00 horas, remitido por alterar el orden en el Aeropuerto Internacional. Se le aplicó el correspondiente arresto de 36 horas (…). Durante el arresto se le respetaron sus derechos y se le suministraron líquidos y alimentos al igual que a los demás detenidos”. No obstante, los reportes médicos internos sí registraron la presencia de marcas de presión en la zona de las muñecas del implicado.
Sobre la ausencia de datos en las plataformas de control, la dependencia aclaró que “la SSPYV de Apodaca no tuvo la facultad para subir al Registro Nacional de Detenciones (RND) la detención de Leonardo Ariel, al no ser Primer Respondiente la autoridad municipal (…) Al detenido se le realizó el dictamen médico conforme al protocolo, sin que se apreciaran lesiones, salvo marcas leves de enrojecimiento en ambas muñecas”. Con esto, la institución justifica que la omisión en el sistema nacional no fue su responsabilidad directa, sino de la autoridad que realizó la captura original.
Estas afirmaciones contrastan severamente con el testimonio que Escobar Barrios ofreció en una comparecencia ante medios en su universidad, donde denunció haber sido víctima de agresiones físicas por parte de la Guardia Nacional y haber permanecido en un estado de confusión durante su desaparición. “Hubo una falta de registro de mi detención. Nunca aparecí, a pesar de que estuve 3 días en esta sala de Apodaca, nunca aparecí en el registro nacional de detenidos, lo cual es de lejos una irregularidad. En segundo lugar, nunca se me informó sobre los derechos de mi detención. Dicen que yo me rehusé a comunicarme con mis familiares y yo recuerdo que los mismos agentes me dijeron que no me daban dicho derecho porque yo había llegado con altanerías y groserías a la celda”, sentenció el profesor.
La incertidumbre generada por el paradero del académico desde los primeros días de enero movilizó a sus parientes, a la comunidad universitaria y a diversos órdenes de gobierno en Nuevo León. Mientras la Policía de Apodaca insiste en que el procedimiento fue reglamentario, el caso sigue bajo el escrutinio público debido a las discrepancias sobre el cumplimiento de los protocolos de comunicación y registro de personas privadas de su libertad.