Según investigaciones, al menos ocho puertos del país eran controlados por redes de huachicol fiscal para permitir el contrabando de combustible. Los puertos identificados son: Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán. La información se desprende de una orden de aprehensión girada contra 13 personas, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, por su presunta participación en delincuencia organizada.
Un documento de la Fiscalía General de la República (FGR), con fecha del 11 de junio, revela que seis integrantes del Centro Federal de Inteligencia Criminal detectaron al menos 555 empresas vinculadas al contrabando de combustible.
Dos Modus Operandi
El análisis de la FGR detalla dos modus operandi. El primero consiste en la compra de combustible en Estados Unidos para su importación a México y posterior distribución a un precio menor al del mercado. Para simular la legalidad, los criminales usan pedimentos de importación de gasolina y diésel clonados. Las empresas de transporte operan sin los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y utilizan documentos falsos.
El segundo método implica el arribo de embarcaciones al puerto de Veracruz. Empresas del sector gasolinero descargan el hidrocarburo sin contar con documentos que acrediten su origen legal. Si no logran descargar todo el producto, la embarcación regresa al mar y vuelve al mismo puerto con documentación falsa, repitiendo la acción hasta descargar por completo. En caso de no poder desembarcar el total, el combustible es llevado a Lázaro Cárdenas, Michoacán, un puerto que no cuenta con la infraestructura para este tipo de operaciones.
Red de Empresas y Detalle del Caso
La investigación, que inició en 2021, resalta la participación de 108 empresas que realizan la importación, exportación, comercialización, distribución y venta de los combustibles. Estas empresas presentan diversas irregularidades, como operar sin permisos, vender a precios bajos, alterar dispositivos electrónicos y comercializar combustible adulterado. También se ha identificado que algunas de estas empresas han sido suspendidas por el SAT o la Secretaría de Energía (Sener). Las empresas se ubican en estados como el Estado de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco.
Un análisis de las comunicaciones telefónicas del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ahora está en el penal de El Altiplano, reveló más de 13 mil registros con coordenadas cercanas a las aduanas de Ensenada, Guaymas, Manzanillo y Veracruz. La información obtenida por las coordenadas geográficas de las antenas, señala que las empresas mantenían actividades cerca de estos puntos, donde se presume se realiza la importación y exportación de hidrocarburos. Según el documento, este proceso involucra la falsificación y alteración de documentos, con la participación de diversas autoridades y organizaciones criminales.