La iniciativa de reformas a la legislación secundaria en materia de amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue calificada por la litigante Melissa Ayala García como un proyecto con “cosas buenas, malas y muy preocupantes”.
Durante el segundo y último día de la audiencia pública organizada por el Senado de la República para analizar la propuesta, la abogada del despacho Ayala Arsipreste y Asociadas destacó como positivo los cambios orientados a mejorar el amparo digital, aunque aclaró que esta figura no es una novedad. Sin embargo, advirtió que dos modificaciones son particularmente preocupantes y cualquier restricción a este juicio, que protege los derechos de los ciudadanos, debe ser analizada “con el mayor rigor posible”.
Riesgo de Formalismo y Pérdida de Protección
Ayala García señaló que la propuesta presidencial busca acotar el amparo al establecer que solo se podrá ampliar la demanda en los supuestos previstos “taxativamente”, es decir, de forma explícita. Además, los actos relacionados únicamente podrán incorporarse si el quejoso no tenía conocimiento de ellos al presentar la demanda inicial. “Este cambio convierte la ampliación de la demanda en un mecanismo rígido y formalista. La reforma no está simplificando el amparo o brindando agilidad”, afirmó.
En la misma audiencia, el exmagistrado y exjuez de Distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, coincidió en que los cambios repercuten en la eficacia del juicio de amparo, a pesar de que la modernización del amparo en línea es un acierto. Gómez Fierro alertó sobre aspectos delicados como la restricción al “interés legítimo”, un mecanismo que ha sido fundamental para la protección de derechos colectivos o difusos a través de asociaciones civiles.
El exjuez fue enfático en que la protección de los derechos humanos se vería mermada sin la suspensión: “Sin suspensión, el juicio de amparo carece de eficacia protectora en relación con los derechos de las personas”. Gómez Fierro consideró preocupante otorgar “una especie de inmunidad” a ciertas autoridades respecto a las suspensiones, y mencionó haber sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el sentido de sus resoluciones, y no “necesariamente porque existiera algún elemento que revelara un acto ilegal”.
Por su parte, Gabriel Pérez Ríos, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), manifestó su inquietud de que la propuesta debilite los incentivos para cumplir el fallo protector del amparo y deje a los gobernados en un estado de indefensión.
Defensa de la Reforma
En contraste, Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, defendió la enmienda legal al argumentar que obedece a la necesidad de tener una visión no solo interna, sino externa del juicio de amparo, y que la reforma es una consecuencia de la reforma judicial integral.
Cárdenas Gracia reconoció que ha habido abusos de la figura legal, especialmente en materia fiscal y criminal. “Está claro que ha habido un abuso del amparo fiscal. Cuando hay créditos fiscales firmes producto de una sentencia todavía los contribuyentes quieren seguir pleiteando con la hacienda pública. A eso hay que ponerle un límite. Si ya hubo cosa juzgada se tiene que pegar a la hacienda pública…”, expresó. Además, señaló que “Hemos visto también que el crimen organizado, la delincuencia de cuello blanco ha abusado de la figura de la suspensión provisional para desbloquear cuentas o para proteger empresas fantasma para proteger transacciones donde hay presunción de lavado de dinero”.