Durante su más reciente participación en “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un análisis basado en el informe elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la fiscalización del rescate bancario ocurrido entre 1995 y 2004. El documento, solicitado por la Cámara de Diputados, analiza el papel que desempeñaron distintos poderes en torno al Fobaproa y pone en entredicho la versión defendida por el expresidente Ernesto Zedillo.
Sheinbaum subrayó que el contenido del informe exhibe inconsistencias graves y falta de rigor en la operación del Fobaproa. “La carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el rescate bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo”, expone el comunicado oficial que compartió la presidenta.
La información presentada sostiene que los reportes bancarios utilizados como base para la toma de decisiones no fueron producto de auditorías formales. En su lugar, se trató de descripciones sin criterios homogéneos ni confirmación de datos, situación que, según el informe, permitió la existencia de graves irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Entre las observaciones destacadas por la ASF, se menciona:
- “La ratificación de que el Comité Técnico del Fobaproa actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus declaraciones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el Gobierno Federal, al otorgar su aval en las operaciones del PCCC”.
- “Del análisis de los 25 informes (bank reports) presentados por los despachos contratados, se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados; asimismo, los bank reports que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor Michael W. Mackey elaborara su informe. Se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C; sin embargo, la Cámara de Diputados, en su momento, otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados”.
- “Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor Mackey no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante”.
Este informe revive el debate sobre la legalidad, transparencia y consecuencias del Fobaproa, un programa que trasladó deudas privadas al erario público durante la crisis financiera de los años 90. Para Sheinbaum, este nuevo análisis respalda la necesidad de esclarecer las responsabilidades históricas y evitar que se repitan decisiones que, según dijo, dañaron al pueblo de México.
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