La investigación y causa penal contra el boxeador Julio César Chávez Jr. se inició tras una denuncia de la Agencia de Investigación y Seguridad Nacional de Estados Unidos el 21 de noviembre de 2019. En ese entonces, las autoridades estadounidenses comenzaron a detener a miembros de una banda de traficantes de armas y drogas que operaba para el Cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Así lo señala la acusación presentada ante un juez en Hermosillo, Sonora.
La Jornada obtuvo detalles de la solicitud de orden de aprehensión contra Chávez Jr. y otras 12 personas. Los documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF) indican que la representación de EE. UU. entregó al Ministerio Público Federal el oficio HSI-2019-2030-OR/AT, que describe las actividades del grupo que adquiría armas en Nogales, Arizona, para trasladarlas a México.
En las investigaciones se menciona que Julio César Jr. era amigo de “Los Chapitos” y de sus operadores cercanos, como “El Nini”, jefe de seguridad de los hijos de Guzmán. Un extracto de la acusación refiere un incidente en el que el púgil habría golpeado “a uno de los morros del Nini. Le pegaron una verguiza, porque resulta que llevó a la novia a una oficina donde tienen una bola de levantados y armamento, ahí lo tenía el Nini, dice que para eso le habla al Julio, para pegarle una verguiza, que los cuelga, y éste (Julio Cesar) los agarra como costal de box”.
El juez que emitió la orden de captura consideró que los 13 implicados son “responsables en la comisión de los hechos que la ley señala como delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico y fabricación de armas, en su modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y a quienes los fabriquen”.
Un día después de ser deportado y trasladado al penal de máxima seguridad Cefereso número 11 en Hermosillo, Chávez Carrasco promovió un juicio de amparo por la privación de su libertad e incomunicación por parte de las autoridades federales.
Según información exclusiva de La Jornada, la defensa legal del ex campeón mundial presentó la solicitud de amparo indirecto el martes por la tarde en un intento por frenar los efectos de su reclusión. El recurso, radicado en el expediente 1546/25 del juzgado decimoprimero de distrito de Sonora, busca proteger sus derechos mientras enfrenta el proceso penal por delincuencia organizada y tráfico de armas.
El boxeador fue deportado a México el lunes 18 de agosto tras permanecer más de un mes bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional lo catalogó como migrante ilegal, “amenaza para la seguridad pública” y presunto integrante del Cártel de Sinaloa. Su detención en EE. UU. ocurrió el 2 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en marzo de 2023 por un juez federal en México.