Cuentan con documentos de propiedad; Los perjudicados indicaron que son más de 30 familias quienes fueron desalojadas por la fuerza, sin previo aviso, el pasado seis de mayo, pese a que tienen 30 años de residencia
Ivanova de los Reyes
Un grupo de familias del campestre El Álamo, ubicado al oriente de la ciudad, se manifestaron este miércoles frente a Palacio de Gobierno por el desalojo de sus terrenos, pese a contar con documentos de propiedad.
Beatriz Montijo Gámez, una de las afectadas, señaló que fueron más de 30 familias de escasos recursos las que fueron desalojadas por la fuerza y sin previo aviso de sus viviendas el pasado seis de mayo, por parte de personas que llegaron con una orden judicial.
Explicó que se hizo un juicio por el lado mercantil, que en menos de dos meses se emitió un veredicto por parte del Juez Segundo Oral de lo Mercantil, y los desalojaron sin notificarles.
“Somos 34 familias quienes tenemos más de 30 años viviendo ahí, y sin notificarnos nada se nos desalojó. Simplemente llegaron con los troques, junto con la policía y el actuario y nos sacaron. Ahorita estamos en un terreno prestado, sin agua ni luz y tenemos personas con discapacidad que no pueden estar en esas condiciones”, manifestó.
Los manifestantes indicaron que es una sección del campestre ubicado a un costado de El ejido El Tronconal, los que desalojaron, y otra sección está en proceso donde viven más de 80 familias.
“Tenemos dos hermanos especiales y los tenemos sin luz y no se nos hace justo que el gobierno nos esté haciendo eso. Queremos justicia, queremos que se nos regrese algo que se compró con mucho esfuerzo”, expresó.
“Nosotros no nos metimos a invadir, no le quitamos nada a nadie, a nosotros se nos vendió ese predio y tenemos todos los pagarés, la documentación del Registro Agrario Nacional (RAN), donde se nos notificó que ese terreno ya era de nosotros, y que llegarán con carros y patrullas a sacarnos a la fuerza no se vale”, manifestó también Marco Antonio.
Agregó que ya interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), pero no han tenido respuesta del gobernador ni de otra autoridad lo cual les parece injusto que no atienda a su pueblo, quien voto por él.