Andrea Chávez, senadora de Morena, ha generado controversia debido a declaraciones inconsistentes sobre el origen de los recursos privados con los que financia caravanas médicas en Chihuahua, cuyo costo mensual ronda los 10 millones de pesos. Estas actividades han sido clave para reforzar su imagen pública en la entidad.
El 19 de marzo, tras una investigación de Latinus que reveló el uso de unidades médicas propiedad de FMedical—empresa de Fernando Padilla Farfán, cercano al coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López Hernández—, Chávez admitió conocer al empresario y que las caravanas operan con financiamiento privado.
“Los recursos de las ambulancias vienen de la clase empresarial”, declaró la senadora a este medio. Sin embargo, al ser cuestionada sobre la identidad de los empresarios que han aportado los fondos, respondió: “pues son muchos, son chihuahuenses, son mexicanos”.
En relación con Padilla Farfán, aseguró: “claro que lo conozco, gran amigo, como conozco a todos los empresarios chihuahuenses que ayudan, que echan la mano”.
Ese mismo día, en un programa radiofónico, reafirmó que el financiamiento de las caravanas proviene exclusivamente de donativos privados: “son donativos, son donativos, nada (de recursos públicos) ni un solo peso”.
No obstante, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 52, establece que los servidores públicos incurren en cohecho si aceptan, obtienen o buscan recibir cualquier beneficio económico ajeno a su remuneración oficial. Esto incluye dinero, bienes, donaciones o servicios que puedan favorecerles a ellos, a sus familiares o a terceros con los que tengan vínculos profesionales o comerciales.
El 26 de marzo, en otra entrevista radiofónica, Chávez modificó su postura y afirmó que los fondos provienen de “convenios de colaboración con el sector privado”. Sin embargo, la legislación vigente señala que solo organismos autónomos y dependencias públicas pueden establecer convenios de este tipo cuando implican intercambio o prestación de servicios, lo que genera dudas sobre la legalidad del financiamiento de estas caravanas.
