El problema de las desapariciones en México sigue siendo una de las principales sombras que empañan su avance democrático. Si bien es un fenómeno persistente, cada gobierno enfrenta su propio escándalo mediático al respecto. A solo unos meses de haber asumido el cargo, Claudia Sheinbaum se encuentra ante un caso que ha conmocionado al país: el descubrimiento de cientos de restos humanos, prendas y objetos personales en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Las imágenes del hallazgo han generado un profundo impacto y han puesto nuevamente el foco en la crisis forense y de seguridad que enfrenta el país.
En respuesta a la indignación y a las deficiencias en los procesos de búsqueda, la presidenta anunció una serie de reformas legales que buscan unificar los desordenados registros de identificación existentes. La prioridad será la integración de datos de las fiscalías estatales y los servicios forenses para optimizar el cruce de información. Durante su mensaje, Sheinbaum dejó claro su respaldo a las víctimas y sus familias, un contraste con las posturas adoptadas en administraciones previas.
El fenómeno de las desapariciones, con aproximadamente 115,000 casos registrados oficialmente, ha sido un tema recurrente en la agenda política mexicana. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa sacudió a la sociedad y marcó su gestión. Su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, prometió esclarecer los crímenes y dar justicia a las familias, pero terminó su mandato con el descontento de colectivos de búsqueda, algunos de los cuales se acercaron a la oposición ante la falta de avances.
Ahora, Sheinbaum enfrenta el desafío de abordar esta crisis con una nueva estrategia. Ha enfatizado que las desapariciones actuales no son obra del Estado, como en la época de la guerra sucia o el caso de Ayotzinapa, sino consecuencia del crimen organizado. Sin embargo, las fallas en el actuar de las policías, fiscalías y gobiernos estatales han evidenciado que las autoridades no siempre responden con la eficacia necesaria. El caso de Teuchitlán, donde un rancho fue revisado en septiembre pasado sin que se detectara lo que ahora salió a la luz, ha expuesto graves omisiones en la seguridad pública, lo que ha llevado a la apertura de nuevas investigaciones.
La falta de coordinación entre fiscalías estatales es otro problema estructural que Sheinbaum busca corregir. Casos recientes, como el de un grupo de jóvenes de Tlaxcala desaparecidos en Oaxaca cuyos cuerpos fueron encontrados en Puebla, han evidenciado la ausencia de cooperación entre entidades, con ministerios públicos reacios a asumir responsabilidades. Además, la crisis forense se refleja en la acumulación de cadáveres sin identificar en morgues y la reaparición de personas que llevan años en calidad de desaparecidas.
A pesar de los anuncios presidenciales, algunos familiares de desaparecidos han expresado escepticismo, recordando que muchas de las medidas propuestas ya están contempladas en la ley, pero no se aplican por falta de voluntad de la Fiscalía General de la República. Han criticado, por ejemplo, que se prometa iniciar investigaciones de inmediato al reportarse una desaparición, cuando la legislación ya establece que no se debe esperar 72 horas, pero rara vez se cumple. También han señalado la desarticulación del Centro Nacional de Identificación Humana durante el gobierno de López Obrador como una acción que afectó la búsqueda de desaparecidos.
Más allá de la existencia de leyes, el verdadero desafío radica en su implementación. En México, miles de madres recorren el país con palas y picos en busca de sus hijos, sin apoyo ni protección de las autoridades y expuestas a los mismos peligros que enfrentaron sus familiares. En muchos casos, han sido ellas, y no el gobierno, quienes han descubierto fosas clandestinas y sitios de exterminio como el de Teuchitlán. Además, declaraciones como la del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien cuestionó si los zapatos encontrados en el rancho pertenecían realmente a personas desaparecidas, han generado indignación y puesto en duda el compromiso de algunos funcionarios con el problema.
Como parte de su respuesta, Sheinbaum ha convocado al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a una reunión en Palacio Nacional para discutir el caso. Aunque Lemus asumió el cargo recientemente, su antecesor, Enrique Alfaro, también del partido Movimiento Ciudadano, estaba al frente cuando el rancho fue inspeccionado en septiembre sin resultados visibles. El reto ahora es esclarecer responsabilidades y garantizar que hechos como este no vuelvan a ocurrir.
Las desapariciones forzadas siguen siendo uno de los mayores pendientes en materia de derechos humanos en México. Sheinbaum ha presentado una serie de iniciativas que buscan marcar una diferencia con administraciones anteriores, pero su éxito dependerá de que estas medidas no queden solo en el papel, sino que se conviertan en acciones concretas que transformen el sistema de justicia y brinden respuestas a quienes llevan años buscando a sus seres queridos.
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