Ante los gobernadores y su gabinete de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, a pesar de las discrepancias en otros ámbitos, la coordinación entre los estados y la Federación ha resultado crucial para lograr una disminución del 37 por ciento en los índices de homicidios y otros delitos de alto impacto. La mandataria hizo un llamado a cerrar filas para combatir la extorsión en el país, uno de los ilícitos más sensibles por su grave repercusión social y de los pocos que han mantenido una tendencia ascendente. Para ello, propuso iniciar con la homologación de las legislaciones locales con la reforma federal.
Durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, Sheinbaum consideró que, “uno de los grandes retos, además de todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país. Por eso esta modificación que hubo en la Constitución, en las leyes ¿Cuál es la idea? La extorsión estaba asociada a un delito estatal principalmente, y dependía de la denuncia de un ciudadano. La modificación lo que hace es involucrarlo también como un delito federal, que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República”.
En la sesión, la presidenta recibió el respaldo unánime a la Estrategia Nacional de Seguridad por parte de todos los gobernadores (sin importar su extracción partidista: morenista, panista, priísta y de Movimiento Ciudadano), lo cual, a su juicio, ha sido clave para reducir la incidencia de los delitos de alto impacto. En respuesta, la mandataria destacó los cuatro pilares de esta política: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, mayor inteligencia e investigación, subrayando el giro que ha tomado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
“Estamos fortaleciendo un sistema nacional. Pocas veces hablamos de esto, pero el Centro Nacional de Inteligencia estaba diseñado para la seguridad nacional y hoy lo estamos orientando de manera muy importante a la seguridad pública, en coordinación con la inteligencia naval, militar y las de los distintos estados con sus características, y hacerlo un delito que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor”, explicó.
Durante la sesión, habló un gobernador en representación de cada partido. El morenista Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó la importancia de ofrecer mejores garantías y protección a las víctimas y denunciantes en el combate contra la extorsión, proponiendo la ampliación e implementación de la figura de identidad reservada. Ramírez Bedolla sostuvo que la coyuntura actual en materia de seguridad exige una revisión de las normativas que aseguran el debido proceso y, además, buscan evitar la impunidad. Propuso que la figura de identidad reservada se extienda y se aplique no solo al momento de interponer la denuncia, sino durante todo el proceso legal, incluyendo el juicio, para garantizar el debido proceso y evitar que el delito quede impune.
Por su parte, la panista Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, señaló que “la violencia y la delincuencia no distinguen colores ni partidos, y la ciudadanía paga nuestros salarios para que les demos resultados, lo cual sólo se alcanza cuando hay un objetivo común y un trabajo coordinado y en equipo”. El gobernador priísta de Coahuila, Manolo Jiménez, reconoció al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República por la reciente aprehensión de Esteban Rodríguez, “El Limones”, uno de los extorsionadores más peligrosos en la región de La Laguna. Finalmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, subrayó la relevancia de la coordinación entre Federación y estados, pero criticó que en su entidad, el Congreso local ha obstaculizado todas sus iniciativas en seguridad, incluidas las relativas a la extorsión. Por ello, solicitó que se emitiera un llamado a los congresos y partidos para no politizar las estrategias de seguridad.