A través de un memorando emitido la noche del viernes, el presidente Donald Trump instruyó a cuatro secretarías federales a permitir que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos asuman jurisdicción sobre ciertas tierras federales ubicadas a lo largo de la frontera con México, en una estrategia que amplía el rol militar en el control migratorio y la seguridad fronteriza.
El documento, dirigido a los titulares del Interior, Seguridad Nacional, Defensa y Agricultura —Doug Burgum, Kristi Noem, Pete Hegseth y Brooke Rollins, respectivamente— autoriza la transferencia de control de terrenos públicos al Departamento de Defensa, para fines como la instalación de infraestructura militar, entre ella el muro fronterizo, así como sistemas de detección y vigilancia. La medida excluye expresamente a las reservas indígenas federales.
“Tomar un papel más directo” es el mandato que se otorga al Pentágono en este memorando, al tiempo que establece que dichas actividades deberán comenzar en una zona específica determinada por el secretario de Defensa, aunque este tendrá la facultad de expandirlas a otras regiones fronterizas.
La franja de tierra conocida como la Reserva Roosevelt, de aproximadamente 18 metros de ancho a lo largo del límite territorial, está incluida en la jurisdicción asignada a las fuerzas armadas como parte de esta nueva estrategia. Trump ha respaldado esta acción bajo la declaración de emergencia nacional en la frontera, que permite a las agencias realizar restricciones o reservas sobre terrenos públicos para uso militar.
De acuerdo con el documento, los migrantes que crucen en estas zonas serían considerados en “retención” por haber ingresado a instalaciones militares, permaneciendo bajo custodia hasta que el Departamento de Seguridad Nacional pueda intervenir para su procesamiento y eventual deportación. Este procedimiento, según reportes previos de CNN, permitiría al Departamento de Defensa esquivar las limitaciones de la Ley Posse Comitatus de 1878, que impide a las Fuerzas Armadas realizar tareas de aplicación de la ley dentro del territorio estadounidense.
El memorando también señala que las acciones deberán regirse bajo las reglas de uso de la fuerza establecidas por el titular del Departamento de Defensa, y que cualquier operación será implementada conforme a la evaluación de necesidad y razonabilidad determinadas por el mismo secretario Pete Hegseth.
Esta orden ejecutiva representa un paso más en el enfoque militarizado que ha caracterizado la política fronteriza del mandatario desde el primer día de su administración, cuando ordenó el despliegue masivo de tropas en el sur del país. Con este nuevo movimiento, se refuerza aún más el papel del Ejército en funciones tradicionalmente reservadas a agencias civiles.