Gobernadores de la región Mar de Cortés consideran que los valores y la adscripción militar son indispensables para la preservación de la honestidad, eficacia y profesionalismo de la Guardia Nacional
La decisión de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revierte la incorporación operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue rechazada rotundamente por el gobernador Alfonso Durazo Montaño junto a la gobernadora y los gobernadores de la región del Mar de Cortés, conformada por Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, afines al proyecto de la Cuarta Transformación.
La y los mandatarios estatales sostuvieron que los valores y la adscripción militar son indispensables para la preservación de la honestidad, eficacia y profesionalismo de la Guardia Nacional, la cual debe preservarse a toda costa de los vicios de corrupción, dispersión e ineficiencia en los que cayeron anteriores cuerpos federales de seguridad pública, caso de la Policía Federal y la Gendarmería.
Afirmaron que las reformas a las leyes que rigen la institución de la Guardia Nacional en ningún momento se apartan del marco constitucional, pues preservan su carácter civil, destinado esencialmente a salvaguardar la seguridad pública, permitiéndole al mismo tiempo la oportunidad de contar con las mejores condiciones de infraestructura, entrenamiento y adiestramiento.
Los titulares del Ejecutivo de las entidades de la región del Mar de Cortés, sentenciaron que carece de razón la postura de la Suprema Corte de Justicia, al señalar que se viola el artículo 21 de nuestra Carta Magna al facultar al Ejército a llevar a cabo más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Aseguraron que el apoyo hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene sin regateos, en su decisión de suspender la comunicación con un organismo jurisdiccional que ha demostrado su sumisión a intereses y políticas del pasado al tomar una decisión equivocada que afecta a los suscritos, responsables de la seguridad pública, en la lucha contra la criminalidad, la protección a la sociedad y el interés público en la región noroeste de nuestro país.
