Considera especialista; El titular de la Comisión Nacional de Justicia Penal y Seguridad Pública, Julio Villavicencio Meléndrez, dijo que se debe regular los mecanismos para reservar la identidad de quienes aportan datos para dar con delincuentes
Redacción Entorno Informativo
Garantizar la reserva de los datos personales de quienes aportan datos a fiscalías del país para localizar a presuntos responsables de delitos y la creación de un fondo de estímulos y recompensas en materia penal fueron propuestas realizadas durante el conversatorio virtual sobre el tema, efectuado por la Comisión Nacional de Justicia Penal y Seguridad Pública.
En el acto, el presidente del organismo, Julio Villavicencio Meléndrez, explicó que la recompensa económica es “la gratificación monetaria, dirigida a quien, no siendo autor o partícipe de un hecho probablemente constitutivo de delito; suministre a la autoridad información veraz y oportuna que permitan hacer efectiva la orden de captura dictadas en contra de personas señaladas de la comisión de hechos delictivos”.
Asimismo, que la información contribuya a la incautación de bienes destinados a la comisión o que provengan de la ejecución de delito de competencia de los jueces de orden público; o en su caso, por proporcionar elementos suficientes o información que permita determinar la autoría, participación o responsabilidad penal en los mismos
Villavicencio Meléndrez, precisó que esta facultad esta otorgada normativamente para ser definida por los Fiscales Estatales y el Fiscal General de la Republica de acuerdo a su competencia.
En ese sentido, consideró que se debe regular sobre los mecanismos, para la reserva de identidad y la protección de sus datos personales; así como, la importancia de crear un Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero común, que debiera ser administrado por la Fiscalía General de Justicia, y se tome en consideración para el presupuesto de egresos estatal.
Señaló que, actualmente nuestro país vive un hipergarantismo de derechos, es decir, que el escenario en que los responsables de cometer delitos encuentran un blindaje excesivo de protección en las normas; por lo que, los responsables de su aplicación se encuentran trabados por normas implantadas en un sistema que lejos de precautelar la tutela de los derechos de la sociedad; se ha diseñado para la protección de los victimarios.
Sin embargo, anotó, es el estado el que debe privilegiar el bien común y la paz social; es decir, el bienestar de los miembros de la comunidad.
