La aceptación de la recomendación no indica que se reconozca que los agentes hayan incurrido en ese tipo de actos, sino que se realiza una investigación interna, aclararon
Redacción Entorno Informativo
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que recibió y aceptó una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuestos actos de tortura atribuidos a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en 2018, el caso es investigado por la corporación.
En un video difundido por la FGJE, indica que con respecto a la recomendación número 02/2024, emitida por la CEDH, ésta fue dada a conocer, a la opinión pública el día 13 de agosto, aunque fue notificada el 17 de junio de 2024, y debidamente contestada en tiempo y forma a dicho organismo de Derechos Humanos desde el pasado 4 de julio.
Precisa que los hechos que motivaron la queja que propició la recomendación, derivan de la ejecución de una orden de aprehensión dictada por la autoridad judicial competente en el año 2018, en contra de un probable responsable, por la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad, y no por una detención o confesión obtenida para su puesta a disposición de la autoridad judicial.
Señala que si bien se aceptó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, no significa que se reconozca que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) hayan cometido tortura, sino que la aceptación implica que se inició una investigación para corroborar la veracidad de los hechos denunciados.
En este sentido cabe acotar que los diversos señalamientos publicitados por la CEDH fueron respondidos de manera puntual y del mismo modo, debe hacerse saber que no todos los planteamientos efectuados por parte del organismo fueron aceptados a plenitud por La Fiscalía, lo que quedó de manifiesto en la respuesta dada al organismo que puede ser consultada en EL portal institucional. www.fiscalia.sonora.gob.mx
Por ello se dio vista tanto al Órgano Interno de Control como a la Visitaduría General, quienes se encargarán de determinar y en su caso, deslindar las responsabilidades que correspondan y en su caso, determinar las sanciones, respetando siempre el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
