Morena en la Cámara de Diputados consideró iniciar juicio político contra jueces que suspendieron la reforma judicial

Morena en la Cámara de Diputados consideró iniciar juicio político contra jueces que suspendieron la reforma judicial

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados evaluó la posibilidad de promover un juicio político contra los jueces que suspendieron la discusión de la reforma al Poder Judicial, informó Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario.

Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, propuso que se solicitara este procedimiento, además de presentar una denuncia penal y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Monreal detalló que “la mayoría legislativa opinó que es una franca intromisión, que es una violación a la Constitución y que no tiene competencia ningún juez, ni ente ajeno al poder legislativo”. Añadió que se plantearon tres acciones contra los jueces involucrados: un juicio político, una denuncia penal por delitos cometidos en la administración de justicia y una queja ante la Judicatura.

Los recursos señalados por el legislador de Morena estarían dirigidos contra la juez Quinto de Distrito en el estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, y el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, quienes concedieron suspensiones para detener el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial.

Monreal Ávila también explicó el proceso legislativo a seguir en la Cámara de Diputados. Este lunes, tras la sesión del Congreso General, se realizaría una sesión ordinaria para darle publicidad a la reforma. El martes 3 de septiembre, el pleno discutiría y, en su caso, aprobaría la reforma judicial en lo general; mientras que el miércoles 4 de septiembre se analizarían las reservas presentadas por los grupos parlamentarios.

Asimismo, Monreal adelantó que, en las dos semanas posteriores a la aprobación de la reforma judicial, la Cámara de Diputados discutiría la reforma constitucional para traspasar el mando operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la reforma en materia de comunidades indígenas y afromexicanas.

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