Después de que las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) solicitaran que se investigara la fortuna del gobernador de Nuevo León, Samuel García, cuyo patrimonio pasó de dos a dos mil millones de pesos durante su administración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no tardó en reaccionar. Durante una conferencia en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la oposición lleva tiempo buscando removerlo del cargo.
Ante los medios de comunicación, el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) subrayó la importancia de investigar y sancionar cualquier tipo de evasión fiscal, sin importar si se trata de un gobernador. “Hay que investigar y castigar cualquier tipo de evasión o fraude fiscal, eso es parte del combate a la corrupción”, afirmó. Sin embargo, matizó que “no puede haber texto sin contexto”, aludiendo a los intentos de la oposición para debilitar la posición del gobernador de Nuevo León.
López Obrador también señaló que políticos de la oposición han centrado sus esfuerzos en remover a Samuel García del poder, recibiendo el respaldo del periódico El Norte, una filial de Reforma, conocido por sus críticas al gobierno actual. “Hay que tener cuidado, porque hay esos intereses”, advirtió el presidente, recordando cómo El Norte cambió de postura tras alcanzar acuerdos con otros actores políticos en el pasado. “Ahora, ellos han formado parte, por lo menos uno de ellos, del bloque conservador”, insistió.
El martes 3 de septiembre, los líderes del PAN, PRI y PRD presentaron una solicitud a la Oficialía de Partes de Legislatura para que se investigaran los supuestos vínculos del gobernador y miembro de Movimiento Ciudadano (MC) con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de los Beltrán Leyva. La oposición subrayó la gravedad del asunto, mencionando: “Aunque no somos quién para juzgar, sí para exigir a la autoridad que haga una investigación a fondo y se pueda esclarecer lo que se señala de lavar dinero para la delincuencia organizada”.
La reciente publicación de la revista Proceso también destacó que el gobernador había acumulado una gran riqueza mediante operaciones cuestionables, señalando a sus operadores, clientes y asociados como elementos clave en el aumento de su patrimonio. Este informe llamó la atención no solo a nivel estatal, sino también en todo el país, generando un debate público sobre la transparencia y la responsabilidad de los funcionarios públicos en México.
