La próxima reforma constitucional en México, que transferirá el control de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), está a punto de ser aprobada. Morena y sus aliados ya contaban con el voto 86 necesario para garantizar la mayoría calificada en el Senado, lo que permitiría la formalización del traspaso.
Ayer, se difundió una imagen de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, en una reunión con Adán Augusto López, coordinador de los senadores morenistas, y Miguel Ángel Yunes Márquez, exsenador panista por Veracruz. Yunes, quien ahora se alinea con el oficialismo, fue vinculado a esta decisión con el fin de evitar ser perseguido judicialmente y garantizar su influencia en su región.
Esta reforma legaliza lo que ya sucede de facto, pues en la práctica, la Guardia Nacional ya operaba bajo la Sedena. Sin embargo, la Suprema Corte había declarado ilegal este traspaso, ya que la Constitución establece que la seguridad pública debe estar en manos civiles. Ahora, con la reforma constitucional en camino, este obstáculo se superará y el presidente Andrés Manuel López Obrador logrará consolidar su objetivo de militarizar la seguridad pública tanto en lo legal como en la práctica.
Sin embargo, la militarización no ha demostrado ser efectiva para reducir la inseguridad. Ni durante los gobiernos de Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto, ni ahora bajo el mandato de López Obrador, se ha logrado disminuir significativamente los delitos violentos, en especial los homicidios dolosos.
Un análisis de Lantia Intelligence, dirigido por Eduardo Guerrero, destacó en 2021 que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena no es solo un trámite, sino una medida trascendental que dificultará a futuros gobiernos devolver el control de la corporación a manos civiles. Este cambio podría consolidar el papel de las Fuerzas Armadas en áreas clave de la administración pública, como lo ha hecho el actual gobierno.
López Obrador ha otorgado más responsabilidades a las Fuerzas Armadas que cualquier otro presidente desde Miguel Alemán en 1946. Además del control de la seguridad pública, se les ha encargado la construcción de infraestructuras clave, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el de Tulum, los cuarteles de la Guardia Nacional y las sucursales del Banco del Bienestar, así como tramos del Tren Maya. También gestionan los aeropuertos de Santa Lucía y la Ciudad de México, y controlan aduanas, puertos y la aeronáutica civil.
A pesar de esta creciente militarización, los resultados no han sido los esperados, ya que los altos niveles de violencia persisten. Prueba de ello son los recientes eventos en Sinaloa, donde el comandante militar de la zona admitió que no pueden controlar la situación, afirmando que “depende de los grupos antagónicos”.
Aunque la militarización de la seguridad pública ha fracasado en términos de reducir la violencia, el reporte de Lantia Intelligence señala una mejora: “La operación de la Guardia Nacional no ha incrementado las ejecuciones extrajudiciales ni violaciones graves de derechos humanos, observándose una disminución en el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades federales”.
