La Auditoría Superior de la Federación revisará contrataciones realizadas entre 2000 y 2025 para identificar posibles prácticas ilegales, concentración de proveedores y anomalías en el uso de recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que investiga múltiples irregularidades históricas relacionadas con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
El organismo fiscalizador informó que mantiene tres líneas de investigación para esclarecer posibles anomalías en los procedimientos de contratación y el manejo de recursos públicos de las autoridades electorales.
La primera consiste en una investigación de oficio sobre las contrataciones públicas realizadas por el INE, el IFE y todos los organismos electorales estatales.
La segunda contempla un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, con el objetivo de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales por parte de empresas y servidores públicos.
Como tercera medida, la ASF realizará una auditoría integral al INE y revisará la totalidad del gasto federalizado ejercido por los OPLE.
Estas acciones derivan de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a distintas entidades federativas, mediante los cuales se identificaron indicios de posibles irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
La investigación también da seguimiento a operaciones de dos grupos empresariales que acumularon contratos por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026 con distintas entidades públicas. De ese monto, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales y 430 millones al INE.
Entre las posibles anomalías detectadas se encuentran la simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre empresas relacionadas y operaciones con compañías que registran pocos trabajadores o carecen de personal, pese a manejar contratos millonarios.
La ASF señaló que las investigaciones se desarrollarán con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades que deban ser sancionadas.
Los resultados de estas revisiones podrían derivar en acciones administrativas o legales, dependiendo de las pruebas que se obtengan durante el proceso de fiscalización.
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