El domingo 26 de enero de 2025, una nueva caravana conformada por más de 1.000 migrantes comenzó su recorrido hacia el norte desde el sur de México. Este movimiento masivo se produce en medio de la política migratoria endurecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró una “guerra sin cuartel” contra la inmigración irregular.
Entre los migrantes, provenientes principalmente de países latinoamericanos, persiste la esperanza de ingresar a Estados Unidos, a pesar de que Trump eliminó recientemente el programa CBP One. Esta aplicación móvil permitía a los solicitantes de asilo agendar citas antes de aproximarse a la frontera. “Hemos decidido ir hasta la frontera y que nos den una respuesta. La esperanza todavía la tenemos de que vamos a ingresar a los Estados Unidos”, declaró Aníbal Jose Arvelo, un venezolano de 37 años.
Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala en el estado de Chiapas, ha sido punto de partida para muchos de estos migrantes, quienes enfrentan dificultades laborales en la región. Omar Ávila, también venezolano, de 25 años, explicó que decidió abandonar la ciudad por la falta de empleo. “Está la vaina ruda aquí, no hay trabajo en Tapachula”, comentó.
La historia de Ávila está marcada por la tragedia, ya que su exesposa y sus dos hijos emprendieron el viaje hacia Estados Unidos, pero solo uno de los niños logró llegar a Chicago. Su hija falleció al ser arrastrada por la corriente de un río en la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.
Por otro lado, Gerardo Yépez, otro venezolano de 37 años, contempla la posibilidad de probar suerte en la Ciudad de México o incluso regresar a su país de origen.
Con apenas una semana en el cargo, Trump ha emitido varias órdenes ejecutivas para frenar la inmigración ilegal. Estas incluyen deportaciones masivas, el despliegue de tropas en la frontera sur y la detención de 538 personas en situación irregular, según datos proporcionados por la Casa Blanca. Además, el presidente republicano reactivó el programa “Quédate en México”, el cual obliga a los migrantes a esperar la resolución de sus casos migratorios del lado mexicano de la frontera.
En contraste, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha planteado la posibilidad de regularizar la situación de los migrantes o repatriarlos, siempre y cuando estos últimos estén de acuerdo. Este enfoque se presenta como una alternativa en medio de las tensiones derivadas de las nuevas medidas migratorias de Estados Unidos.