La administración federal llevó el caso a fiscalías estadounidenses y pidió a la ONU investigar el fallecimiento de migrantes mexicanos relacionados con el ICE.
México intensificó su respuesta diplomática y jurídica por la muerte de 17 migrantes mexicanos vinculadas con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al presentar denuncias ante autoridades estadounidenses y solicitar la intervención de la ONU.
La estrategia contempla denuncias penales para esclarecer los fallecimientos registrados tanto en centros de detención como durante operativos migratorios, además de exigir responsabilidades por posibles violaciones a los derechos humanos.
Como parte de las acciones internacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dé seguimiento al caso y promueva una investigación dentro de los mecanismos del organismo internacional.
El Gobierno mexicano también analiza acciones civiles contra empresas que operan instalaciones de detención migratoria, al considerar que pudieron incurrir en prácticas negligentes que derivaron en la muerte de personas bajo su custodia.
Las autoridades sostuvieron que el objetivo es garantizar justicia para las víctimas, evitar que estos hechos se repitan y reforzar la protección consular de los mexicanos que residen en Estados Unidos.
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