Fiscalía señala que la investigación incluye dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que cuenta con diversos datos de prueba dentro de la investigación contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por su presunta relación con una red de contrabando de combustible.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señaló que la investigación incluye dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otros elementos que, de acuerdo con la dependencia, forman parte de la indagatoria.
Según la FGR, Ruffo Appel habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de Ingemar, empresa de la que es señalado como accionista y secretario del Consejo de Administración.
La dependencia indicó que Ingemar está relacionada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, pero que habría registrado movimientos millonarios en cuentas nacionales que, a consideración de la Fiscalía, no corresponderían con su perfil fiscal.
La investigación también habría permitido identificar una red de contrabando de combustible que utilizaba ferrotanques para trasladar hidrocarburos mediante operaciones relacionadas con dicha empresa.
La FGR sostuvo además que, durante entrevistas, Ruffo Appel habría reconocido ser propietario de 49 por ciento de las acciones de Ingemar y tener conocimiento, al menos desde 2024, de que camiones y ferrotanques con capacidades de entre 30 mil y 112 mil litros eran declarados en pedimentos de importación por un volumen de 10 mil litros.
La Fiscalía precisó que el proceso penal continúa ante la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar lo que corresponda con base en los datos de prueba que sean desahogados durante el procedimiento.
Ruffo Appel continúa su proceso bajo prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California, después de que una autoridad judicial autorizara el cambio de medida cautelar. La modificación no implica la conclusión del proceso penal, por lo que la investigación continúa su curso.
La FGR también recordó que los registros de la investigación están sujetos a las reglas de reserva establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad correspondiente conforme avance el proceso.
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